Sentencia nº Rol 829 de Tribunal Constitucional, 6 de Marzo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 58941758

Sentencia nº Rol 829 de Tribunal Constitucional, 6 de Marzo de 2008

Fecha06 Marzo 2008
MateriaDerecho Constitucional

Santiago, seis de marzo de dos mil ocho.

VISTOS:

Por Oficio Nº 2051-2006, de 30 de julio del año 2007, el Juez Presidente de la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, señor H.A.R.C., requiere a esta M.: “pronunciamiento y decisión respecto de la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 450, inciso primero, del Código Penal, en relación al artículo 19, número de la Constitución Política de la República, que consagra los principios de igualdad ante la ley y de reserva legal, y la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal”, en relación con la causa RUC 0600911246-2, RIT Nº 164-2007, seguida en contra de la persona que indica, como autor de los delitos de robo con violencia en grado de tentativa y de porte ilegal de arma de fuego prohibida.

Con fecha 1º de agosto de 2007, la Primera Sala de este Tribunal declaró admisible el requerimiento deducido, ordenando la suspensión del proceso en el que incide.

El defensor penal público, don C.C.J., en representación del imputado en la causa criminal de que se trata, ha sido tenido como parte en autos, como consta a fojas 33.

Con fecha 14 de agosto de 2007, el Ministerio Público, representado por su Fiscal Nacional, evacuó oportunamente el traslado conferido a fojas 21, solicitando el rechazo del requerimiento.

EL REQUERIMIENTO.

Conforme aparece de los antecedentes acompañados al requerimiento, la acusación que el Ministerio Público ha formulado en la causa pendiente en que aquél incide, versa sobre los siguientes hechos: “El día 24 de diciembre de 2006, aproximadamente a las 13:30 hrs., en circunstancias que la víctima C.M.C.R. caminaba por calle I.M., al llegar a la esquina de calle C.P., sector Boca Sur de la Comuna de San Pedro de la Paz, fue interceptado por el imputado C.P.V.L., quien le exigió la entrega de dinero y frente a la negativa de la víctima, le propinó dos golpes de puño en el rostro para acto seguido, extraer de entre sus vestimentas una escopeta hechiza con la que le apuntó a la altura del vientre, aprovechando la víctima un descuido del imputado para huir del lugar, siendo el imputado momentos más tarde detenido por Carabineros, quienes lo sorprendieron portando la escopeta hechiza y un cartucho calibre 12, sin contar con la autorización de la autoridad competente para el porte del arma de fuego.

A consecuencia de la agresión que sufrió por parte del imputado, la víctima resultó con lesiones leves consistentes en eritema facial izquierdo, según da cuenta el Comprobante de Atención de Urgencia del SAPU San Pedro de la Paz.”.

Según también consta en autos, el requerimiento de la especie se formuló en cumplimiento de lo ordenado en resolución de 30 de julio de 2007, dictada en la causa criminal antes individualizada, en la que el tribunal que conoce de ella expresa tener duda legítima y fundada respecto de si en el caso sub lite la aplicación del inciso primero del artículo 450 del Código Penal, que ordena castigar como consumadas las etapas imperfectas de desarrollo del delito por el que ha sido acusada la persona individualizada, puede generar efectos contrarios a algunos principios y garantías que reconoce el numeral 3º del artículo 19 de la Constitución.

En primer lugar, se plantea que podría estar comprometida la proporcionalidad de la pena a imponer al autor del delito de que se trata, entendiendo que tal proporcionalidad constituye una manifestación inequívoca de la igualdad que reconoce a toda persona el mencionado artículo de la Ley Fundamental.

En este mismo aspecto, el tribunal agrega que, en materia de determinación de penas, para la mayoría de los ilícitos en etapa de ejecución imperfecta se aceptaría la rebaja de la sanción, lo que no ocurre respecto de los delitos de robo que menciona el precepto legal cuestionado y, por consiguiente, en

la especie, podría configurarse un tratamiento legal desigual que resultaría contrario a la Carta Fundamental.

También se cuestiona la eventual vulneración de la garantía constitucional según la cual se prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal y, por último, se aduce que podría contrariarse el principio de legalidad de la pena –expresado como principio de tipicidad-, considerando que el precepto legal impugnado no sanciona expresamente la frustración o la tentativa, en los términos que establece el artículo 55 del mismo Código Penal.

SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE SE RECHACE EL REQUERIMIENTO.

Al dar cuenta sobre la historia del establecimiento del precepto cuestionado en la inaplicabilidad deducida, el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público señala que desde la primera mitad del siglo XX el legislador se ha ocupado de dictar normas que alteran el régimen normal de las penas previsto en el Código Penal, a fin de desincentivar la comisión de delitos contra la propiedad que se producen cada vez con mayor gravedad y riesgo para las víctimas, haciendo presente que fue el artículo único de la Ley Nº 17.727, del año 1972, el que incorporó al inciso primero del artículo 450 del Código Penal la referencia concreta de los delitos a los cuales se aplicaría el criterio sancionatorio cuya constitucionalidad se discute en estos autos. A saber: el robo con violencia; el robo con intimidación; la piratería; el robo por sorpresa; la defraudación con violencia o intimidación (extorsión) y el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación.

En seguida, la autoridad afirma que la aplicación del precepto del Código Penal que se impugna en el caso concreto de que se trata, no vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos que garantiza el artículo 193 de la Constitución, toda vez que los jueces consultantes, equivocadamente, a su juicio, intentan relacionar la igualdad ante la ley con la proporcionalidad de la pena, agregando que la regla que se establece en la norma legal cuestionada puede aplicarse al procesado en este caso, como a cualquier otra persona que esté siendo imputada como autora de un delito de robo con violencia.

En cuanto a la eventual trasgresión de la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, establecida en el inciso sexto del mismo artículo 193 de la Ley Fundamental, el organismo persecutor indica que para contextualizar el cuestionamiento que efectúan los miembros del tribunal consultante en este aspecto, sería necesario tener en cuenta que, como afirma el profesor don A.S.B., para reconocer la garantía de que se trata, la Comisión de Estudio de la Constitución del año 80 estimó “la conveniencia de establecer un precepto que asegurara a toda persona privada de libertad, y antes de determinarse su culpabilidad, un tratamiento adecuado a la dignidad que corresponde a todo ser humano”.

En tal sentido, no se vislumbra de qué manera una norma adoptada por el legislador como herramienta de política criminal, como lo es el artículo 450 del Código Penal, pudiera producir un menoscabo a la persona humana.

Continúa el organismo afirmando que en la especie no está en tela de duda el reproche penal hacia la conducta del imputado, sino sólo la cuantía de la pena que le debe ser aplicada y, en todo caso, que la prohibición que establece la norma constitucional en comento tiene como sujeto pasivo al legislador, a quien se le niega la posibilidad de adelantar o presumir la responsabilidad penal, de modo que el acusado no esté en condiciones siquiera de defenderse para demostrar su inocencia, circunstancia que no ha acaecido en el caso concreto de que se trata.

Respecto de la supuesta violación del principio de legalidad reconocido en el inciso octavo de la citada norma fundamental, el Ministerio Público aduce que, como no hay duda en cuanto a que el fin perseguido por dicho principio constitucional es proscribir las leyes penales en blanco, de ninguna manera éste puede entenderse vulnerado por el artículo 450, inciso primero, del Código Penal, ya que los verbos rectores de cada uno de los delitos que se enumeran en la disposición legal se encuentran expresa y claramente establecidos.

Afirma también que si lo que se pretende reprochar es que la norma cuestionada no señala para cada figura delictiva en qué consisten las conductas frustradas o tentadas, el mismo cuestionamiento podría hacerse de todas las demás normas del Código Penal que sancionan delitos y que descansan en las definiciones que al efecto entregan los incisos segundo y tercero de su artículo 7º.

En apoyo del rechazo del presente requerimiento, el Ministerio Público se refiere, además, a los fallos que han declarado la inadmisibilidad de requerimientos deducidos respecto del mismo precepto legal que se cuestiona en estos autos, dictados en las causas roles 530 y 648; y cita 5 sentencias dictadas por la Corte Suprema que han declarado que la norma cuestionada: no infringe las garantías constitucionales; no se encuentra derogada por la Constitución, y que su aplicación no constituye un error de derecho (Roles 3361-2003; 5688-2003; 1985-2004; 5019-2006 y 6618-2006).

Finalmente, y sin perjuicio de lo expresado con anterioridad, el mismo organismo pide desechar el requerimiento que se ha planteado en este caso con carácter meramente consultivo. Sobre este particular se aduce que “no puede estimarse que cuando sea un Tribunal el que plantea esta cuestión, pueda quedar exento de la obligación de fundar adecuadamente sus cuestionamientos, si por ejemplo tratándose de conflictos de constitucionalidad, hasta el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
9 temas prácticos
2 sentencias
7 artículos doctrinales
  • Capitulo 4: Creación de la Ley Penal
    • Chile
    • La ley penal y su interpretación
    • January 1, 2022
    ...la indiferenciación entre las penas de los delitos consumados, frustrados y tentados “no sea tan desproporcionada” (STC 06.03.2008, Rol Nº 829-7). En cuanto al castigo de actos voluntarios contrarios a la moral dominante, el Tribunal Constitucional consideró ajustado a la constitución y que......
  • Algunos comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 976/2008
    • Chile
    • Revista de Derechos Fundamentales Núm. 2, Julio 2008
    • July 1, 2008
    ...salud), donde el Estado debe garantizar el efectivo goce del derecho constitucional 13 . 12 STC 797/2008 c.j. 21°, STC 825/2008 c.j. 24°, STC 829/2008 c.j. 24°. 13 Señala la STC en su c.j. 39°: “Que, como consecuencia de lo afirmado, cabe concluir que las normas que regulan el contrato de s......
  • El cambio del eje referenciador del derecho a la protección de la salud a partir de la jurisprudencia constitucional sobre el sub-sistema privado de salud
    • Chile
    • Revista de Estudios Constitucionales Núm. 1-2013, Julio 2013
    • July 1, 2013
    ...21; Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 825-2007-INA, de 6 de marzo de 2008, considerando 24, Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 829-2007-INA, de 6 de marzo de 2008, considerando 24, y Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 1348-2009-INA, de 27 de abril de 2010, con......
    • Chile
    • Revista de Derecho Núm. 34, Julio 2010
    • Invalid date
    ...STC rol Nº 825, de 6 de enero de 2008, voto de los ministros Vodanovic y Fernández Baeza, apdo. 4º. En el mismo sentido, véase la STC rol Nº 829, de 6 de marzo de 2008.30 SS.TC rol Nº 325, de 26 de junio de 2001, consid. 11°; y rol Nº 591, de 11 de enero de 2007, consid. 5°.31 STC rol Nº 54......
  • Solicita tu prueba para ver los resultados completos

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR