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Iquique, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.- VISTOS:

Que, a fojas 5, comparece don Renán Solís Muñoz, Abogado, entablando un recurso de amparo a favor de don Walton Antonio Carrasco Contreras, empleado, con domicilio en calle Bolívar 628 y en contra del Juez del Juzgado de Policía Local de Pozo Almonte, por haber dictado orden de aprehensión con facultad de allanar y de reclusión nocturna por 15 días en su contra, por no haber pagado una multa equivalente a 25 ingresos mínimos mensuales, a que fue condenada la empresa Protección y Seguridad S. A. en los autos Rol Nº 70, sobre Infracción Leyes Especiales, seguidos en el Juzgado Policía Local de Pozo Almonte.

Agrega que esos autos se originan en el parte policial Nº 4751 de fecha 27 de Agosto de 2003, por mantener un servicio de protección en base a guardias de seguridad sin autorización de la Prefectura de Carabineros competente, al no haber presentado la Directiva de Funcionamiento, transgrediendo lo dispuesto en el Art. 5º bis letra f) del Decreto Ley 3607 y Art. 15 inciso 2º del Decreto Supremo Nº 93.

Que la sentencia definitiva, de fecha 31 de Diciembre de 2003 que sirve de antecedentes inmediato de la resolución que se recurre, se fundamenta en el Art. 8 del Decreto Ley 3607, que establece que, a requerimiento del Intendente o a través del Gobernador que corresponda y previo informe de la Prefectura de Carabineros, conocerá de las infracciones a esa ley, con excepción del Art. 5º bis, al Juzgado de Policía Local competente, conforme al procedimiento de la Ley 18.287.

En la especie, no se ha transgredido el Art. 5 bis del Decreto ley 3607 y, además, el procedimiento debe iniciarse a solicitud del Intendente o Gobernador correspondiente, requisitos que no se cumplen en autos, viciándolos así de nulidad. El demandante, don Reinaldo Florido Barriga, Sargento Segundo de carabineros, encargado de la oficina de Seguridad Privada de Iquique, carece de legitimación activa para realizar el denuncio; por estas razones ese artículo es inaplicable en los autos y no se puede sancionar en su virtud.

A su vez, señala que no hubo infracción al Art. 15 inciso 2º del D. S. Nº 93 de 1985, porque el simple retardo en la presentación de la directiva de funcionamiento no está sancionado en el D. S. Nº 93, porque las disposiciones que establecen sanción son de derecho estricto, y no se pueden aplicar por analogía.

Que, en autos se está ordenando la aprehensión...

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