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Concepción, veintinueve de junio de dos mil cinco.-

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A fojas 18, con fecha 05 de febrero de 2005 se presenta Mabel Gajardo Cortés por la sociedad Servicios Forestales Sayman Limitada, ambas domiciliadas en Chiguayante, calle ONº 2060, requiriendo protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Los Ángeles representada por Liliana Parra y de la fiscalizadora Ruth Infante Seguel, ambas domiciliados en Los Ángeles, calle Mendoza Nº 276.

Afirma la recurrente que su representada es una empresa contratista forestal que presta servicios a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A., desarrollando labores de secado y planta verde en la localidad de Bucalemu, para lo cual contrataron 161 trabajadores, acordando con éstos una jornada de 48 horas semanales, en turnos rotativos de ocho horas cada uno, de lunes a sábado.

Agrega que atendida las reformas introducidas en materia de jornada de trabajo por la Ley Nº 19.759, la recurrente modificó los turnos, adecuándose a las 45 horas semanales contempladas en la reforma legal y actualizando los contratos de trabajo mediante anexos, los cuales fueron firmados por la gran mayoría de los trabajadores, sin perjuicio que 52 de ellos no lo hicieron pues preferían evaluar la conveniencia o no de aceptar tal modificación; sin perjuicio de lo anterior, en los hechos, todos los trabajadores están laborando conforme a la nueva jornada máxima.

Señala que con fecha 21 de enero de 2005, la fiscalizadora Ruth Infante Seguel, cita a su mandante a efectos de que le haga llegar los contratos de trabajo de sus dependientes, tras lo cual le aplica una multa de $14.895.510, fundándose en que se habría excedido del máximo legal de 45 horas semanales de la jornada ordinaria legal, respecto de 98 trabajadores de aquellos que se encuentran laborando en la planta CMPC Bucalemu en labores de secado, siéndoles notificada la resolución de multa el 31 de enero del 2005.

Sostiene que la fiscalizadora actuó excediendo sus facultades, dado que la empresa estaba cumpliendo con la ley en la forma que antes se ha explicado, erigiéndose en tribunal al privar de valor a los anexos de contratos firmado por las partes, los cuales habrían sido exhibidos a la fiscalizadora.

Plantea que lo relatado implica la vulneración de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N º3 inciso cuarto de la Carta Fundamental, pues su representada ha cumplido con la ley en la forma que ha relatado; en el artículo 19 Nº 24 del la Constitución Política , por obligársela a pagar una multa no establecida de conformidad a la ley; y en el artículo 19 Nº 16 del Texto Constitucional, atendido que la actuación de la fiscalizadora perturba la facultad de su representada de celebrar contratos de trabajo y modificaciones a los mismos.

Concluye solicitando tener por interpuesto el recurso de protección, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Los Ángeles y de la fiscalizadora Ruth Infante Seguel y que se ordenen las medidas necesarias para el reestablecimiento de los derechos de la recurrente....

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