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Sentencia nº Rol 2865 de Tribunal Constitucional, 30 de Diciembre de 2015

Fecha de Resolución:30 de Diciembre de 2015
Emisor:Tribunal Constitucional
 
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Santiago, treinta de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

Antecedentes

Con fecha 15 de julio de 2015, doña J.I.G. ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 19.989, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario. Tal petición fue realizada para que generara efectos en el proceso sobre recurso de protección, caratulado “I.G., J., con Universidad de Antofagasta y otro”, de que conoce la Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 841-2015.

Precepto legal impugnado.

El texto del precepto legal objetado en autos dispone:

Artículo 1º. Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

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Gestión pendiente.

En cuanto al citado proceso de recurso de protección, éste fue deducido por la requirente en contra de la Universidad de Antofagasta y en contra de la Tesorería Regional de Coquimbo. Mediante dicho recurso, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de La Serena (Rol 841-2015), solicitó que se dejara sin efecto el acto arbitrario e ilegal consistente en la retención de su devolución de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2014, efectuada por dicho organismo fiscal – la cual asciende a $ 966.905-, en atención a una supuesta deuda de crédito universitario, basada solamente en la información que proporcionara el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Antofagasta.

Dicha deuda, según se indica en el libelo de protección, correspondía a los estudios de Kinesiología efectuados por la requirente entre los años 1995 y 2004, sin perjuicio de que se precisa que sólo recibió el crédito universitario los años 1999, 2000 y 2001 y sólo por el valor del 30% del arancel de la carrera.

Además y en cuanto al hecho de la retención, sostiene que sólo tomó conocimiento de ello cuando consultó, el día 3 de junio del presente año, la página web del Servicio de Impuestos Internos para conocer el estado en que se encontraba su devolución, percatándose que la misma había sido retenida el día 19 de mayo.

Conflicto de constitucionalidad.

En el marco del citado proceso judicial pendiente, el conflicto de constitucionalidad que se plantea en esta oportunidad consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto legal reprochado, pueda la Tesorería Regional de Coquimbo retener la devolución de impuestos de la requirente, para luego, unilateralmente, compensarlos con supuestos saldos adeudados al crédito fiscal de la Universidad de Antofagasta, sobre la base de la sola información que el Administrador del Fondo Solidario le remitiera.

Lo anterior, por cuanto, a su juicio, vulneraría los incisos segundo, quinto y sexto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política y el numeral 24°, incisos primero, segundo y tercero, del mismo artículo, de la manera que pasa a sintetizarse en los siguientes puntos.

Fundamentación.

Primera infracción: se vulnera el inciso segundo del N° 3° del artículo 19 constitucional, por el cual toda persona tiene derecho a defensa en la forma que señale la ley, desde el momento que la disposición reprochada sólo permite al supuesto deudor oponer la excepción de pago para liberarse de responsabilidad, en circunstancias que la requirente podría oponer la de prescripción de la deuda. Por lo mismo, quedaría en total indefensión.

Segunda infracción: se vulnera el inciso quinto del aludido N° 3°, que proscribe, en el ejercicio de la función jurisdiccional, la existencia de comisiones especiales, toda vez que el precepto reprochado permite que el Fondo Solidario de Crédito Universitario informe la calidad de deudora de crédito universitario de una persona y la Tesorería, con la sola información de deuda que se le indique, procede al cobro forzado de supuestas deudas por crédito universitario, reteniendo dineros de propiedad del contribuyente, supuesto deudor. Así, transforma a las aludidas instituciones en comisiones especiales.

Tercera infracción: se vulnera el inciso sexto del mismo numeral, que establece la garantía del derecho al debido proceso, ya que el procedimiento de retención de la devolución de impuestos y pago del crédito universitario no exige al supuesto acreedor probar la existencia de la deuda. Basta la solicitud de cobro con el carácter de forzado para que la Tesorería proceda a retener, sin que exista otra excepción que la de pago, acreditado por un certificado que el mismo Administrador del Fondo Solidario expide y que se debe hacer valer antes de que los fondos sean enviados al mismo administrador.

Cuarta infracción: se vulneran los citados incisos primero, segundo y tercero del número 24° del artículo 19 constitucional, que aseguran el derecho de propiedad, toda vez que la retención de la devolución de impuestos constituye un modo de adquirir la propiedad sobre los mismos, no regulado por la ley, sin que nada precise al respecto el reglamento aplicable en la materia. Por lo demás, el cobro que se le estaría efectuando a la requirente obedece a deudas prescritas.

Tramitación de la acción de autos.

Por resolución de fojas 26, la Segunda Sala de esta M. admitió a tramitación el requerimiento de autos y suspendió la tramitación de la gestión judicial pendiente invocada. Luego de ser declarado admisible por la aludida Sala y pasados los autos al Pleno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el requerimiento fue comunicado a las partes de la gestión judicial pendiente invocada, a efectos de que pudieran hacer valer sus observaciones y acompañar los antecedentes que estimaren convenientes.

Observaciones.

Por presentación de fojas 76, el fiscal de la Tesorería General de la República, luego de explicar la historia de las normas que rigen el apoyo al financiamiento de estudios en la educación superior, presentó sus descargos al requerimiento, los que pueden sintetizarse bajo las siguientes seis alegaciones.

Primera alegación: la requirente pide que se declare inconstitucional una disposición en el evento de que ésta sea vulnerada.

Explica al efecto que las universidades sólo pueden informar, según la disposición que se reprocha, la existencia de deudas de crédito universitario vigentes, es decir, las no pagadas o que no se hayan extinguido por algún modo de extinguir las obligaciones.

Si se informan deudas inexistentes, ello es una actuación contraria a Derecho, que permite su impugnación tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, mas no transforma a la disposición por ello en inconstitucional.

Segunda alegación: las acciones del Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario se fundan en preceptos legales. Por lo anterior, la información que entrega a Tesorería no es simplemente un dato sin mayor validez, como intenta hacerlo creer la requirente.

En efecto, se encuentra autorizado por ley para proceder al cobro ejecutivo de la deuda y certificar el pago de la misma, por lo que su certificación tiene el mérito legal para establecer una obligación y la morosidad.

Tercera alegación: la Tesorería no se constituye en una comisión especial, por cuanto no ejerce funciones jurisdiccionales.

En efecto, no resuelve un conflicto de relevancia jurídica, sino que su función es tan sólo administrativa, de ejecución de la ley. En relación a esto, se puede apreciar que dicho organismo no emite un pronunciamiento en cuanto a la calidad de deudora de la requirente. De hecho, el conflicto sólo nace después de la actuación administrativa.

Lo anterior, sin perjuicio de que debe aclararse que no pueden interponerse ante la Tesorería otras excepciones que la de pago, pues aquéllas sólo se interponen ante el acreedor, que no es dicha entidad sino que el Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Cuarta alegación: la requirente nunca se ha encontrado en indefensión.

En primer lugar, porque ha tenido oportunidad de presentar sus descargos y hacer valer sus medios de defensa ante el Administrador del Fondo Solidario de la Universidad de Antofagasta, de conformidad al Reglamento de la Ley N° 19.989, contenido en el D.S. N° 297 de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el procedimiento para retener la devolución de impuesto a la renta de los deudores del crédito solidario...

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