Sentencia nº T-14-2016 de 1° Juzgado de Letras de San Carlos, 31 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 680666585

Sentencia nº T-14-2016 de 1° Juzgado de Letras de San Carlos, 31 de Marzo de 2017

Fecha de Resolución:31 de Marzo de 2017
Emisor:1° Juzgado de Letras de San Carlos
 
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RUC:

RIT: T-14- 2016.

DEMANDANTE:

DEMANDADO: I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.

MATERIA: TUTELA LABORAL.

S.C., treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.

VISTO:

PRIMERO: Que, ante este Tribunal comparece don G.A.A.B., sociólogo, domiciliado en calle S.C.N.° 1.772, CHILLAN, a SS. digo:

Encontrándome dentro del plazo, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° inc. 2.° y 3°, 3°, 4°, 7° a 12, 41, 42, 54 y ss. 58 inc. 1°, 63, 73 inc. 2.° a 4°, 159 N° 4, 162 incs. 1° y 4° a 7°, 171 en relación con el art. 160 N° 1 y 7, 162 inc. 1°, 4° a 7°, 172, 173, 420, 423, 425, 446, 485, 489 y siguientes del Código del Trabajo, art. 4° de la Ley 18.883, 17 del Código de Procedimiento Civil, arts. 6.° y 7.° y 19 N° 1° y 4° de la Constitución Política del Estado, 2.° de la Ley 18.575 y Ley 17.322, art. 17 y 19 del D.L. 3.500, de 1980, art. 5° de la Ley 19.728 y 19.880, deduce denuncia en Procedimiento de Tutela Laboral, en contra de MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, Corporación Edilicia cuyo actividad es la propia de su denominación, representada por su Alcalde don HUGO NAIM GEBRIE ASFURA, ignoro profesión, o quien sus derechos sustituya, ambos domiciliados en calle V.M.N.° 436, SAN CARLOS, con el objeto que S.S. declare que en el marco de la relación laboral que unió a la suscrita con dicha denunciada, fueron vulnerados mis derechos constitucionales y legales, por lo cual procedí justamente a despedirme en forma indirecta con fecha 28 de Junio de 2016, y en tal circunstancia se declare la vulneración alegada, por las garantías infringidas, y se condene a la denunciada, a pagar las indemnizaciones y prestaciones laborales que más adelante se detallan, con expresa condenación en costas, por las consideraciones de hecho y los fundamentos de derecho que por este acto paso a exponer:

- ANTECEDENTES LABORALES

Relación laboral : Fui contratado a partir del 3 de noviembre de 2015 bajo dependencia y subordinación para mi ex empleadora mediante un falso y aparente contrato de honorarios, pero que en la realidad, era un contrato de trabajo, bajo el alero del art. 4° de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Empleados Municipales.

En efecto, mediante el contrato de prestación de servicios de 3 de noviembre de 2015, ingresé a prestar servicios a la Municipalidad de San Carlos denunciada, iniciando mis servicios hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme, lo corrobora el decreto alcaldicio 6.064, de 3 de noviembre de 2016.

Luego, el contrato sería renovado por todo el año 2016 a través del contrato de 4 de enero de 2016, cuya duración era hasta el 31 de diciembre de 2016, ambos para la función de sociólogo del programa "OPD” que financia la "Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario en adelante DIDECO, de la Municipalidad de S.C..

Funciones pactadas : Las funciones contratadas son las inherentes a las de un profesional "sociólogo”, y si bien intencionadamente por el redactor del contrato les otorga el apelativo de "específicas”, como se verá, en la redacción de la descripción de las funciones, de específicas de específicas no tienen nada.

Conforme al diccionario de la real Academia de la Lengua, la palabra “específica ", en su segunda acepción, significa "concreto, preciso, determinado”.

Como señalan ambos decretos alcaldicios en sus vistos, lo que motiva mi contratación es "la necesidad de contar con un sociólogo para la oficina de Protección de Derechos de la Infancia, O.S.C.”. El contrato de 3 de noviembre de 2015 en su cláusula PRIMERA disponía que debiera prestar las siguientes funciones:

- Responsable del diseño técnico y ejecución de la intervención en el ámbito de la gestión socio-comunitaria;

- Apoyar la articulación del trabajo en red, integrando redes sociales;

- Participar en el proceso de análisis y calificación de los casos OPD;

- Contribuir en el diagnóstico general de la población infanto-adolecente y sus familias en el territorio de San

Carlos;

- Realizar actividades comunitarias relacionadas con la difusión de la OPD y los recursos locales;

- Elaborar material de difusión, sensibilización y promoción de la OPD, y

- Contribuir en la elaboración del Plan Local de Infancia de la comuna.

Como se aprecia SS. en ninguna de las funciones se divisa ni se aprecia algo específico, concreto, preciso o determinado, con actividades acotadas en el tiempo y el espacio, como sería "realizar un diseño técnico y ejecución para la intervención....” que luego fuese ocupado como referente genérico para dicha labor. Eso es específico. Estamos claramente en el ámbito de lo genérico (antónimo de específico o concreto). Nada más genérico que "apoyar” o "participar”, "realizar”, "elaborar” o "contribuir” de actividades continuas, permanentes, cotidianas, continuas en el tiempo, que no contienen límites ni fronteras claras y precisas.

La intencionalidad del término del contrato redactado por la propia Municipalidad, es tratar de forzar la pertinencia de un contrato de honorarios bajo el marco legal del inciso 2° del art 4° de la Ley 18.883, norma excepcionalísima que autoriza tales contratos bajo la exigencia de que los servicios prestados sean para cometidos específicos ". Pero como acabo de establecer, mis funciones no cumplen con dicha exigencia legal.

- Regulación de la relación laboral : Es relevante para el propósito de las acciones impetradas el determinar el régimen jurídico aplicable a mi relación jurídica laboral con el Municipio de S.C.. Para lo anterior es necesario precisar el marco regulatorio, así como señalar que regímenes estatutarios no fueron aplicables.

En principio, no estaba contratado como funcionario municipal bajo la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, en ninguna de sus categorías, debido a que no ingresé a prestar servicios en la forma que dichas normativas especiales prevén, ni en las condiciones que esa normativa establece -planta, contrata o suplente.

Al efecto es necesario precisar que la regla general que contiene el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales es el detallado en el párrafo anterior y por consecuencia, es una excepción al estatuto general en materia laboral que comprende el Código del Trabajo en el art. 1° en su inciso 1°. Por eso los regímenes que se detallan a continuación son excepcionalísimos dentro del marco legal y deben ser interpretados, conforme a dicha regla interpretativa, en sentido estricto.

Siendo persona natural, tampoco estuve sometido a estatuto especial de aquellos que aplican en el Municipio - docente de la Ley 19.070, ni de la atención primaria de salud de la Ley 19.378.

De conformidad a mis contratos y los decretos alcaldicios que los ratificaban, presté servicios a la Dirección de Desarrollo Comunitario o DIDECO y de acuerdo a la norma referida del art. 4° de la Ley 18.883, esto es, aquella que permite la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias.

Sin embargo, dicha disposición siendo EXCEPCIONALISIMA, establece ciertas exigencias adicionales, que rigurosamente deben cumplir tales profesionales o personas naturales:

Que tales materias no sean las habituales de la municipalidad;

Que se trate de labores accesorias;

Que se trate de cometidos específicos .

Que sean transitorios y temporales .

Así lo ha declarado la propia Corte Suprema de Justicia en la sentencia de reemplazo del recurso de unificación de jurisprudencia RIC N° 11.584-2014 de fecha 1 de abril de 2015 caratulado " J.P.V.P. con Municipalidad de Santiago” (considerando 8°).

Desde el momento en que los servicios se extendieron por meses y se tenía considerado que el segundo contrato duraría todo el año 2016, realizando los mismos servicios bajo las características esenciales propias de un contrato de trabajo, en cometidos genéricos, amplios, como son las labores de orden profesional, de diseñar, apoyar, contribuir, participar, informar o elaborar, con personal contratado por el Municipio, es claro que no reunía las exigencias que esta norma de derecho público y excepcional requiere -la cual reitero debe ser interpretada en sentido estricto y restringido-, que considera dichas estrictas exigencias para aceptar la existencia de un contrato de honorarios bajo dicha preceptiva.

3 Es más, durante todo este período estuve siempre bajo jornada de trabajo como precisaré, controladas por la Jefa del Programa designada por la DIDECO o por ésta misma, con poder de dirección, organización y administración ejercido sobre mi persona, y sujeto bajo el deber de obediencia para el desempeño de mis funciones como queda de manifiesto en los informes de trabajo del Departamento, órdenes escritas que se me entregaban para efectuar en las tareas propias del programa en que trabajaba de la Municipalidad de S.C., los que generaban informes firmados por los propios superiores, así como la representación que ante las personas del Municipio como externas a él, se prestaban servicios cotidianos en dichas actividad municipal.

El Programa de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia es una actividad permanente y habitual de la función del Municipio exigida por la Ley Orgánica de Municipalidades, que se financia con los fondos del Municipio, en parte y con fondos otorgados por entes del Estado que se encuentra implementado hace décadas, en la gran mayoría de las Municipalidades, dependiente de la DIDECO, dirección que existe en todas las Municipalidades.

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