Sentencia nº Rol 3056-16 de Tribunal Constitucional, 5 de Abril de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 708387417

Sentencia nº Rol 3056-16 de Tribunal Constitucional, 5 de Abril de 2018

Fecha de Resolución: 5 de Abril de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Astrid Veninga Fergadiott, Juez de Familia de Casablanca, respecto de los artículos 4, 8, 10, 11, 12 y 13 del Auto Acordado sobre procedimiento para investigar responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales, de la Corte Suprema, de 27 de julio de 2007, contenido en las Actas N° 129-2007 y 168-2007, en los autos sobre sumario... (ver resumen completo)

 
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Santiago, cinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Requerimientos de inconstitucionalidad de auto acordado sometidos a conocimiento del Tribunal

Mediante presentaciones de fecha 10 de mayo de 2016, en autos Rol N° 3056-16-CAA; 18 de julio de 2016, en autos roles N°s 3136-16-CAA y 3137-16-CAA, y 8 de agosto de 2016, en autos Rol N° 3180-16-CAA, doña A.V.F., Jueza de Familia de Casablanca; don D.U.L., Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago; y don L.C.G., Juez de Letras de C., requieren a esta Magistratura Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de diversas normas del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Procedimiento para Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de Jueces y Funcionarios Judiciales, de 27 de julio de 2007, contenido en el Acta N° 129-2007, y modificado por el Acta N° 168-2007, de 7 de septiembre del mismo año, actuando los requirentes, de acuerdo al artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, como personas legitimadas para impetrar estas acciones de inconstitucionalidad, en el marco de las gestiones judiciales correspondientes a sendos sumarios administrativos seguidos en contra de los mismos jueces requirentes.

En el caso del Rol N° 3056-16-CAA, también se hicieron parte instando por la inconstitucionalidad, la Magistrado doña Carolina Yañez Cañas (fojas 371) y la funcionaria del mismo Juzgado de Familia de Casablanca doña F.C.A. (fojas 395), igualmente sumariadas en la gestión sub lite.

En el casos de los roles N°s 3056-16-CAA, 3136-16-CAA y 3137-16-CAA, los magistrados impugnan como inconstitucionales los artículos 4, 8, 10, 11, 12 y 13 del referido auto acordado; y en el caso del Rol N° 3180-16-CAA, no se incluye el artículo 11 y se agregan los artículos 3 y 14 del mismo auto acordado.

En cuanto a las gestiones judiciales respectivas, todas corresponden a sumarios administrativos disciplinarios sustanciados conforme a las disposiciones del auto acordado impugnado, siendo esta normativa precisamente aquella que en su aplicación a las gestiones, afectaría los derechos fundamentales de los magistrados requirentes, infringiendo las disposiciones de la Carta Fundamental que se señalarán.

En el caso del Rol N° 3056-16-CAA, se ventila ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo el Rol N° 675-2015, un sumario administrativo en contra de la Magistrada Veninga Fergadiott, habiéndose formulado cargos en su contra por la Fiscal Judicial por malos tratos contra personal del tribunal, y atrasos en el inicio de las audiencias.

En el caso del Rol N° 3136-16-CAA, se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol Pleno N° 1707-2015 sumario administrativo en contra del M.U., habiéndose formulado cargos en su contra por el Fiscal Judicial por malos tratos hacia los funcionarios del tribunal, dando por infringido el artículo 544, N° 2, del Código Orgánico de Tribunales.

En el caso del Rol N° 3137-16-CAA, se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol Pleno N° 206-2016 otro sumario administrativo en contra del M.U., habiéndose formulado cargos en su contra por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, al autorizar traslados de internas menores de edad a otros centros penitenciarios sin contar con autorización al efecto, dando por infringido el artículo 544, N° 3, del Código Orgánico de Tribunales.

Los tres sumarios referidos se encuentran con los descargos de los jueces formulados y pendientes de resolución por las respectivas Cortes de Apelaciones.

Por último, en el caso del Rol N° 3180-16-CAA se tramita ante la Corte de Apelaciones de Concepción bajo el Rol N° 1386-2015 sumario administrativo en contra del Magistrado Castro, habiéndose dictado sentencia condenatoria en su contra que lo sancionó con medida disciplinaria de un mes de suspensión en sus funciones, con goce de medio sueldo, por haber autorizado la ausencia durante varios días de una persona que prestaba servicios a honorarios al tribunal, sin tener facultades para ello; sentencia que fue apelada, encontrándose pendiente el conocimiento del recurso por la Corte Suprema.

Acumulación de autos y partes en el proceso

La Segunda Sala de este Tribunal Constitucional admitió a trámite y declaró admisibles los cuatro requerimientos de inconstitucionalidad; suspendió los procedimientos respectivos (resoluciones de fojas 63, en causa Rol N° 3056-16-CAA; de fojas 56, en causa Rol N° 3136-16-CAA; de fojas 56, en causa Rol N° 3137-16-CAA; y de fojas 143, en causa Rol N° 3180-16-CAA) y, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de su ley orgánica constitucional, y encontrándose las cuatro causas en estado de relación, por resolución de Pleno de 20 de octubre 2016 (fojas 409, Rol N° 3056-16-CAA) se ordenó su acumulación, continuando su tramitación a partir de dicha fecha en el expediente más antiguo correspondiente al Rol N° 3056-16-CAA, por lo cual en la presente sentencia se abordarán en términos generales los vicios de inconstitucionalidad esgrimidos por los tres Magistrados requirentes, así como las observaciones en que se solicita el rechazo de los requerimientos solicitados, mediante presentaciones del Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en las cuatro causas en representación del Estado y del interés de la Corte Suprema; así como mediante los oficios remitidos por los tribunales que conocen de las gestiones judiciales respectivas: Ilustrisima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el Rol N° 3056-16-CAA; Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en los Roles N°s 3136-16-CAA y 3137-16-CAA; e Ilustrisima Corte de Apelaciones de Concepción y Excelentísima Corte Suprema en el Rol N° 3180-16-CAA.

Cabe hacer presente, asimismo, que en autos roles 3056-16-CAA y 3137-16-CAA, se accedió a la solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile de ser oída en estos autos, verificándose al efecto audiencia publica especial.

Infracciones constitucionales planteadas

En cuanto al conflicto constitucional, afirman los requirentes que la tramitación de los sumarios seguidos en su contra conforme a las disposiciones que impugnan del Auto Acordado sobre Procedimiento para Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de Jueces y Funcionarios Judiciales, de la Corte Suprema, ha determinado en la especie una serie de irregularidades y afectaciones de sus derechos fundamentales. C. como infringidos los artículos 1, inciso primero; 5, inciso segundo; 6; 7; 8, inciso segundo; 19 N° 3, incisos segundo y sexto, y artículo 80 de la Constitución, así como los artículos 1, 2, 5, 8, 62, 64, 67, 68 y 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, poniendo especial énfasis en la conculcación de su derecho al debido proceso, en tanto derecho a un procedimiento e investigación racionales y justos.

Así, se señalan en términos generales las siguientes inconstitucionalidades:

  1. Iniciado el sumario no se le dieron a conocer a los Magistrados afectados los hechos por los cuales los fiscales judiciales seguían la investigación, sino únicamente se aludió a la instrucción de sumario por posibles responsabilidades administrativas.

    Ello, validado por lo dispuesto en el artículo 4° del Auto Acordado, que dispone el inicio del investigación por resolución fundada del investigador, pero sin consignar el derecho del sumariado a conocer los hechos que motivan dicha investigación, vulnerado el derecho a la publicidad de los actos de los órganos del Estado, y al debido emplazamiento, que importa la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, conforme garantiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  2. Conforme autoriza el artículo 8° del Auto Acordado, el investigador decretó el secreto del sumario, a consecuencia de lo cual los Magistrados no pudieron tener conocimiento de los antecedentes, vulnerando nuevamente los artículos 8 y 19, N° 3, de la Constitucion.

  3. Por aplicación del artículo 10 del Auto Acordado, que fija plazos de prueba brevísimos y rendición de prueba sin mayores formalidades, los fiscales judiciales desconocieron el derecho de los Magistrados a contrainterrogar a los testigos y, en general, negó a los requirentes su derecho a rendir prueba propia, denegándoseles por ejemplo solicitudes de que se citara judicialmente a testigos ofrecidos por ellos. L., vulnera el derecho a rendir y controvertir prueba, integrante de la garantía del debido proceso.

  4. por disponerlo así el artículo 12 del Auto Acordado, presentados los cargos, la Corte de Apelaciones conocerá del informe del los fiscales que formulan cargos y proponen sanciones, en cuenta, de modo que los requirentes quedarán impedidos de presentar alegaciones verbales y ser oídos por el tribunal, estando imposibilitados para formular observaciones y controvertir hechos, prueba, y derecho; menoscabando el derecho a defensa letrada de los requirentes.

    Así, los preceptos del auto acordado que se impugnan, vulneran el derecho constitucional al debido proceso, garantía que la Constitución dispone respecto de todo ejercicio de jurisdicción y que, conforme a la jurisprudencia ya asentada de este Tribunal Constitucional, es plenamente aplicable a los procedimientos disciplinarios destinados a hacer efectiva la responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales.

    Las normas constitucionales invocadas, en relación con aquellas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan a toda persona el derecho a la igualdad en dignidad y derechos, a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del estado, a las garantías judiciales de ser oído, previa comunicación de los cargos formulados en su contra, con derecho a defensa y a rendir prueba, todo en el marco de un proceso público.

    Se cita al efecto la sentencia Rol N° 747, de 2007...

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