Sentencia nº Rol 3625-17 de Tribunal Constitucional, 17 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 732783365

Sentencia nº Rol 3625-17 de Tribunal Constitucional, 17 de Julio de 2018

Fecha de Resolución:17 de Julio de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
 
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Santiago, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 28 de junio de 2017, Gas Atacama S.A. ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos, por cuanto su aplicación vulneraría el derecho al debido proceso legal y lo preceptuado en los artículos , y de la Constitución Política de la República.

Preceptiva legal cuya aplicación se cuestiona.

Los preceptos cuya aplicación se impugnan, se refieren al deber de interconexión de las empresas de servicios eléctricos y a las funciones del Centro de Despacho Económico de Carga y disponen:

Artículo 137º.- Los concesionarios de cualquier naturaleza están obligados a llevar a cabo la interconexión de sus instalaciones cuando con informe de la Comisión se determine mediante decreto supremo del Ministerio de Energía.

La operación de las instalaciones eléctricas que operen interconectadas entre sí, deberá coordinarse con el fin de:

  1. - Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico;

  2. - Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico, y

  3. - Garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión, en conformidad a esta ley.

Esta coordinación deberá efectuarse a través de un CDEC, de acuerdo a las normas técnicas que determine la Comisión y la reglamentación pertinente.

Dispuesta la interconexión según lo establecido en el inciso 1° de este artículo y en caso de falta de acuerdo entre los concesionarios sobre la forma de realizar la interconexión y de efectuar el transporte o transferencia de la energía, la Comisión oirá a los concesionarios y entregará una recomendación al Ministerio de Energía quien resolverá al respecto.

La operación de aquellas centrales y sistemas de transmisión que no habiéndose establecido mediante concesión, operen en sincronismo con un sistema eléctrico, deberá ceñirse a las normas y reglamentos de coordinación de la operación que se mencionan en este artículo.

Artículo 138º.- Para los efectos del cumplimiento de las funciones del CDEC, todo propietario, arrendatario, usufructuario o quien explote, a cualquier título, centrales generadoras, líneas de transporte, instalaciones de distribución y demás instalaciones señaladas en el primer párrafo de la letra b) del artículo 225º, que se interconecten al sistema, estará obligado a sujetarse a la coordinación del sistema y a proporcionar la información necesaria y pertinente que el referido Centro de Despacho le solicite para mantener la seguridad global del sistema, optimizar la operación y garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión, en conformidad a esta ley.

Cada integrante del CDEC, separadamente, será responsable por el cumplimiento de las obligaciones que emanen de la ley o el reglamento. Las demás entidades que, de conformidad a la ley y el reglamento, deban sujetar la operación de sus instalaciones a la coordinación del Centro, responderán de igual modo por el cumplimiento de las instrucciones y programaciones que éste establezca.

Gestión pendiente invocada.

La gestión invocada es un reclamo de ilegalidad, caratulado “Gas Atacama Chile S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, del cual conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N°-13.253-2016 Civil.

Fundamentos de hecho y derecho.

Expone la requirente que es una empresa generadora de energía eléctrica del Sistema interconectado del Norte Grande, formando parte del Centro de Despacho Económico de Carga y que en dicha calidad está obligada a proporcionar todos los antecedentes que le sean requeridos para la operación del sistema, entre otros, el denominado mínimo técnico y el denominado tiempo mínimo de operación, información que proporcionó regularmente, desde 1999, sin que ello suscitara dificultades hasta enero de 2015.

Agrega que en mayo de 2016 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles abrió un proceso administrativo formulándole cargos por entregar información errónea acerca del denominado mínimo técnico y el denominado tiempo mínimo de operación entre enero de 2011 y octubre de 2015, lo cual habría provocado la operación del sistema en condiciones que no eran las reales, subiendo el costo y alterando el buen funcionamiento del Sistema Interconectado del Norte Grande.

Alega que la tramitación administrativa estuvo plagada de irregularidades e ilegalidades que han motivado un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Finalmente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, le aplicó una multa de 120 mil UTM, la sanción más alta contemplada en la Ley General de Servicios Eléctricos, de calificación gravísima, de acuerdo a las modificaciones introducidas el año 1999, por la Ley Nº 19.613.

Agrega que los dos parámetros cuestionados, mínimo técnico y el denominado tiempo mínimo de operación, no se hallaban definidos ni reglamentaria ni legalmente.

Disposiciones constitucionales que se alegan infringidas.

Expone que según el artículo 63, numeral 18º, de la Constitución Política, las bases de los procedimientos administrativos son materia de ley y expone que del numeral 3º del artículo 19, emana el derecho al debido proceso administrativo, que se ve lesionado al no fundamentarse en un precepto legal que dote de la debida autoridad y potestad, en el marco de un procedimiento con todas las garantías.

Agrega que el ius puniendi de la administración es una calificada excepción del ordenamiento jurídico, al no estar radicada en el Poder Judicial que es el titular del ámbito de la jurisdicción. Expone que la resolución que impone las multas se gestó en diversas ilegalidades y en contravención al debido proceso.

Expone que al dictarse la resolución de multas el 3 de agosto de 2016, al amparo de la preceptiva impugnada, dichos artículos 137 y 138 se encontraban derogados por el artículo 1º numeral 11 de la Ley Nº 20.936, de 20 de julio de 2016, por lo cual ya no formaban parte de la regulación del procedimiento ni otorgaban potestad alguna al órgano estatal. Así, señala que existe sólo una legalidad aparente, que no es real, por lo cual se infringen los artículos , y de la Carta Fundamental, por lo cual al momento de pronunciarse el acto administrativo reclamado, carece de fundamento normativo, encontrándose al margen del derecho, quedando en eviencia que la administración le dio efecto ultraactivo a la preceptiva impugnada, extendiendo su vigencia más allá de su derogación.

A continuación, distingue los efectos inmediato retroactivo o ultraactivo que puede tener una norma y señala que en este caso el efecto ultraactivo no procede, al no haber norma expresa que lo establezca, y que al dárselo se afectan las normas constitucionales que invoca.

A fojas 11 señala que la autoridad administrativa quizás estimó que la Ley Nº 20.936 trasladó ambas disposiciones a otros artículos del mismo estatuto de servicios eléctricos, pero en realidad tal traslado no existe, porque ninguno de los preceptos fue replicado. Por lo cual la administración se ha desentendido de la eficacia de la ley en el tiempo y ha hecho pervivir normas derogadas para arrogarse potestades sancionatorias que no tiene, infringiendo así el debido proceso legal.

Concluye así que la utraactividad de la ley sin expresa autorización legal vulnera la Constitución Política, más aún si se dicha ultraactividad es usada para arrogar potestades sancionatorias.

Agrega que en materia penal, que tiene estándares aplicables en esta materia, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la derogación de la norma que tipifica el ilícito excluye de inmediato la responsabilidad, pudiendo incluso llegar a pasar dicho efecto sobre sentencias dotadas de cosa juzgada.

Posteriormente, se refiere al detalle al debido proceso legal contenido en el derecho al procedimiento racional y justo para traducirlo posteriormente en el procedimiento administrativo y en la reserva de ley, concluyendo que se vulnera el numeral 3º del artículo 19 y el numeral 18 del artículo 63.

Admisión a trámite y admisibilidad.

En votación dividida, la Primera Sala de este Tribunal acogió a tramitación el requerimiento y confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles evacuó el traslado conferido solicitando la declaración de inadmisibilidad por no recaer el requerimiento en un precepto legal por no ser decisiva la aplicación de las normas cuestionadas y por carecer de fundamento plausible.

Tras oír alegatos, se declaró la admisibilidad y se suspendió el procedimiento en el reclamo de ilegalidad de las multas invocado como gestión pendiente, en votación dividida.

Traslado sobre el fondo del conflicto constitucional.

Posteriormente se confirió traslado sobre el fondo del conflicto de constitucionalidad.

Evacuando el traslado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se refirió a los antecedentes de la multa cursada y señaló que los artículos 137 y 138 cuestionados regulan principios básicos del sistema eléctrico interconectado del país, estableciendo el deber de coordinación para la seguridad del servicio y la garantía de...

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