Sentencia nº Rol 3681-17 de Tribunal Constitucional, 2 de Octubre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 741340189

Sentencia nº Rol 3681-17 de Tribunal Constitucional, 2 de Octubre de 2018

Fecha de Resolución: 2 de Octubre de 2018
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Francisco Javier Pérez Egert respecto del inciso primero del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, en el proceso penal seguido ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, bajo el Rol Nº 11-2015.

 
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Santiago, dos de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Con fecha 17 de julio de 2017, F.J.P.E., jubilado, domiciliado en calle E.N.° 6.412, Vitacura, Santiago, solicitó la declaración de inaplicabilidad del artículo 78, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal, en el proceso penal seguido ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señor J.A.P. bajo el Rol Nº 11-2015.

Preceptiva legal cuya aplicación se cuestiona

El precepto cuya aplicación se cuestiona dispone:

Art. 78. (99) Las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por la ley.

En las causas relativas a los delitos previstos en los artículos 361 a 363 y 366 a 367 bis y, en lo que fuere aplicable, también en los delitos previstos en los artículos 365 y 375 del Código Penal, la identidad de la víctima se mantendrá en estricta reserva respecto de terceros ajenos al proceso, a menos que ella consienta expresamente en su divulgación. El juez deberá decretarlo así, y la reserva subsistirá incluso una vez que se encuentre afinada la causa. La infracción a lo anterior será sancionada conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 189. El tribunal deberá adoptar las demás medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y asegurar que todas las actuaciones del proceso a que deba comparecer la víctima se lleven a cabo privadamente.

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Gestión invocada

Expone que es inculpado en el proceso 11-2015, tramitado ante el M.J.A.P., de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, iniciado por denuncia de delitos de detención ilegal, secuestro y tortura, causa en la que se ha dispuesto su comparecencia a prestar declaración indagatoria, que se encuentra en estado de sumario y que podrá tener efectos indeseables y perjudiciales en su contra.

Fundamentos de hecho y derecho

Expone que la privación del conocimiento de la investigación en forma previa a cualquier declaración, hace posible que el juez o el actuario puedan presentar al imputado información parcial o sesgada forzándolo sicológicamente a prestar declaración indagatoria, cosa que ha sucedido de manera sistemática en el proceso penal inquisitivo.

Disposiciones constitucionales que se alegan infringidas

Alega como infringidas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso de los numerales 2º y 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental, en especial en lo referido a la presunción de inocencia y el derecho a defensa, la medida que el secreto de sumario impide conocer las imputaciones y genera un tratamiento diferenciado y gravoso para el inculpado, en infracción además de diversas normas de derecho internacional.

Admisión a trámite y admisibilidad

Con fecha 1 de agosto de 2017, la Segunda Sala acogió a tramitación el requerimiento y suspendió el procedimiento en la gestión invocada, confiriendo traslado para resolver acerca de la admisibilidad. Luego, con fecha 22 de agosto del mismo año se declaró admisible el requerimiento, confiriéndose traslado acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado, no verificándose presentaciones.

Autos en relación

No habiendo sido evacuado el traslado al no haber querellante y concluida la tramitación del proceso se ordenó traer los autos en relación, verificándose la vista de la causa con fecha 26 de abril de 2018 y se adoptó acuerdo, conforme certificación del relator.

CONSIDERANDO:

PRIMERO

Que en la especie se objeta la constitucionalidad del artículo 78 del antiguo Código de Procedimiento Penal, al establecer que todas -sin distinción- las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones legales (inciso primero).

Dentro de estas excepciones se encuentran los artículos 79 y 80, que conceden al juez instructor competencias discrecionales para acoger, rechazar o modificar -en cualquier momento- el conocimiento del expediente pedido por el afectado, respecto de lo ya obrado en secreto, cuando a su juicio exclusivo “no se entorpezca la investigación” o según “sea peligrosa para el éxito de la investigación”.

Vale decir, el mencionado artículo 78 puede ser impugnado por dos géneros de razones. Una, porque la realización secreta de una diligencia deja al afectado en una posición procesalmente desmedrada, que no se purga por dársele a posteriori conocimiento del sumario. Dos, porque sin expresión de causa no se le da o se le quita el conocimiento de las piezas del sumario;

SEGUNDO

Que este caso concreto se inscribe en la segunda hipótesis. Pues ante la solicitud de conocimiento de la investigación formulada por el requirente en mayo de 2017, en forma previa a prestar declaración indagatoria (fs. 95), respecto de hechos que se remontan al año 1973, ésta fue denegada por el Ministro Instructor y luego por la Corte de Apelaciones “atendido lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal” (fs. 110).

En estas circunstancias, la aplicación infundada del artículo 78 da por resultado una significativa afectación en el derecho a una investigación racional y justa que le asiste al requirente, consistente en conocer los antecedentes que lo hacen involucrado;

PRECISIÓN PRELIMINAR

TERCERO

Que conviene acotar desde un inicio que no corresponde al Tribunal Constitucional inmiscuirse en, ni emitir parecer respecto a, los hechos que se investigan en la causa Rol N° 11-2015 seguida ante un Ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, constitutiva de la gestión judicial pendiente en que incide el presente recurso de inaplicabilidad.

Como dicha causa se sustancia actualmente conforme al antiguo Código de Procedimiento Penal, porque la disposición Octava Transitoria de la Constitución del año 1997 establece que las normas del nuevo Código Procesal Penal “se aplicarán exclusivamente a hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones” (entre 2000-2005), lo que compete a esta M. es examinar si la aplicación de dicha preceptiva procesal contraría o no las garantías “de un procedimiento y una investigación racionales y justos” que se deben asegurar al afectado, según los criterios que caracterizan esta exigencia impuesta por el artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental, según la reforma introducida con efectos directos e inmediatos por la Ley N° 19.519, de 1997.

DEBIDO PROCESO PENAL Y SECRETO DEL SUMARIO

CUARTO

Que, sobre el particular, incumbe recordar que en STC Rol N° 1718 esta M. tuvo ocasión de precisar que la supervivencia temporal de los procesos regidos por el antiguo Código de Procedimiento Penal no es obstáculo al pleno vigor de los principios y normas constitucionales relativos al debido proceso, de manera que los juicios correspondientes deben tramitarse conforme a ellos. Además de agregar que la disposición Octava Transitoria de la Carta Fundamental no tiene la virtud de declarar constitucional la legislación preexistente, ni busca cohonestar su posible aplicación inconstitucional en un caso dado (considerando 6°).

Cuyo es este caso, donde el cuestionado artículo 78 se ha revelado contrario al 19, N° 3, inciso sexto, de la Constitución, habida cuenta que al negársele -sin más- la plena cognoscibilidad de los antecedentes que puedan comprometer al declarante, respecto de hechos que habrían sucedido en 1973 e invocando dicha norma procesal, se priva a éste de una parte sustancial del derecho a defensa que le asiste en el contexto de un previa investigación justa y racional;

QUINTO

Que, es así, en el artículo 19, N° 3, inciso sexto, la Constitución otorga un mandato al legislador para establecer siempre -en toda y en cualquier causa- las garantías de una investigación justa y racional, sin perjuicio de tenerse presente que en el génesis de esta norma se dejó constancia de cuales serían naturalmente algunos de sus presupuestos mínimos, tales como la publicidad de los actos jurisdiccionales (STC Rol N° 1448 considerando 40°) y -para lo que interesa en este caso- el derecho a buscar las fuentes de prueba y poder intervenir en la formación de ellas (STC Rol N° 1718 considerando 10°).

La posibilidad de levantar una defensa jurídica eficaz y de conocer las pruebas eventualmente incriminatorias a fin de poder declarar con pleno conocimiento de causa, constituye para el afectado el contenido esencial de este derecho fundamental, reconocido por el Constituyente justamente por encontrar arraigo en las más antiguas tradiciones de la Justicia. Tal como hace, entre los cuerpos jurídicos fundamentales de España e Hispanoamérica atinentes a los derechos individuales, el Fuero Real (1255), cuya ley 12ª. dispone que aquel contra quien se haya hecho pesquisa, bien sea por acusación o bien de oficio, se den los nombres y los dichos de las pesquisas porque se pueda defender en todo su derecho. Las Partidas (1256-65) ley 11ª, está concebida igualmente en el sentido que se dé traslado a aquellos que de las pesquisas resultaren culpados, de los nombres, de los testigos y de los dichos de ellos, para que puedan defenderse contra las personas de los testigos o sus dichos, y tengan todas las defensiones que tendrían contra los testigos;

SEXTO

Que, todavía más cuestionable resulta el ocultamiento del sumario en el marco de un proceso donde un mismo juez funge de investigador y de sentenciador. P., por ende, “a caer en el confirmation bias, es decir, en el error típico de quien debiendo justificar una determinada elección, escoge todos los factores que confirman la bondad de la elección, pero sistemáticamente deja de considerar los factores contrarios, introduciendo una distorsión sustancial en el propio razonamiento” (M.T., La motivación de la Sentencia Civil, Editorial Trotta 2011, pág. 24).

Tal yuxtaposición de roles abona el sesgo de confirmación, inclinando al investigador a corroborar su propia versión y a seleccionar sólo la evidencia...

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