Sentencia nº T-3-2018 de Juzgado de Letras de Victoria, 30 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 748321457

Sentencia nº T-3-2018 de Juzgado de Letras de Victoria, 30 de Noviembre de 2018

Fecha de Resolución:30 de Noviembre de 2018
Emisor:Juzgado de Letras de Victoria
 
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Victoria, treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en causa R.I.T T-3-2018, sobre tutela laboral e indemnización de perjuicios R.U.C 18-4-0115661-1 comparece V.I.P.N., educadora de párvulos, domiciliada en calle Pisagua N° 1133 de la comuna de Victoria, deduce demanda de tutela laboral e indemnización de perjuicios en contra de la I. Municipalidad de Victoria, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde J.J.S., ignora profesión, ambos domiciliados en calle L. n°680 de Victoria, fundado en los siguientes antecedentes.

Antecedentes previos

Indica que desde el 2 de enero del año 2012, presta servicios para la demandada como parvularia en el Jardín infantil L.M., teniendo un jornada semanal de 45 horas de lunes a viernes, que comenzaba a las 8:30 y finalizaba a las 17:30, con un descanso de media hora para colación, funciones que desarrollaría Jardín infantil L.M.

La remuneración se compone de diferentes ítems, según las normas legales que regulan la carrera docente, correspondía a $1.110.059, suma la cual se efectuaban descuentos legales percibiendo la suma de $894.674 líquidos; siendo el contrato de duración indefinida.

Con fecha 13 de marzo de 2017, se firma anexo de contrato por las partes donde sale nombra Encargada y/o Directora de la Sala cubana y Jardín Infantil L.M., por lo que desde dicha fecha realizo tanto las labores de aula como las labores administrativas en dicha Sala Cuna.-

Que el anexo de contrato, también incluía una asignación de responsabilidad por los meses comprendidos entre marzo y diciembre de 2017, consistente en la suma de $90.461, los que debían pagarse además de lo establecido en su contrato de trabajo.

Indica que al comenzar el año 2018 y sin notificación previa se le indica que debe seguir prestando servicios en la localidad de Selva Oscura, la cual se ubica a 35 km de Victoria, tal decisión se justificaría en la norma del art. 12 del Código del Trabajo, que consagra el llamado “jusvariandi” del empleador.

Desarrollo de la relación laboral

Desde que comenzó a trabajar realizaba labores anexas, las cuales al correr del tiempo se fueron incrementando, eso se refleja en forma consistente en el año 2014, donde debe asumir labores de directora del jardín, donde desarrollo mis labores. Relata que encontré a cargo del jardín sin ningún tipo de nombramiento y por ende sin ninguna variación positiva en su renta ni de los beneficios que debía obtener en base al aumento de responsabilidad tanto laboral como administrativa que debía efectuar desde el nombramiento informal de que fue objeto.

A fin de realizar las labores de su contrato y las anexas comenzó a informar de distintos problemas que se suscitan en el jardín, nunca tuvo respuesta a estos requerimientos, por lo cual debió seguir realizando las fundones, sin embargo de mantener un clima laboral con un nivel de estrés alto lo que produjo trastornos en la persona de la reclamante.

Señala que en el año 2016 reclamó acerca de la recarga laboral y de su bajo nivel de remuneraciones, en relación al nivel de sus responsabilidades a la administración comunal de la época sin obtener resultados positivos.

Agrega que durante todos los años en que ha prestado servicios para la I. Municipalidad de Victoria como educadora de párvulos, nunca s ele cuestionó su trabajo, no ha tenido amonestaciones ni se han recibido reclamos por parte de los apoderados en su contra ni en contra de sus subordinadas.

En cuanto a la Vulneración de derechos fundamentales.

Indica que el art. 2° inc. 4° del Código del Trabajo dispone que “Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. Este inciso ya da cuenta de la mirada del legislador de prever que no sucedan estos abusos, pues a través de convenios internacionales el estado de Chile ha suscrito compromisos contra la discriminación en todos sus alcances. La Corte Suprema también ha establecido jurisprudencia en cuanto a que esta enumeración no es taxativa y se presenta no solo con ocasión de despido, sino también, a través de actos ocurridos durante la relación laboral, procediendo por lo mismo esta vía para impedir su vulneración; que en esta garantía, se presenta con la nitidez que decretos similares al que se impugna con este procedimiento, les han llegado a otros profesionales que temen perder su fuente de trabajo finalmente, y respecto de otros que también recibieron esos decretos o que fueron despedidos o en contra de les cuales se realizaron acciones tendientes a que de forma natural o innatural o por medio de cambio de funciones y/o condiciones laborales se vieran en la necesidad de renunciar, situación no diferente a la demandante, quien ha recibido el mismo trato tanto del Alcalde de la comuna de Victoria como del jefe de Departamento de educación municipal, afectándola tanto en su salud física como síquica.

Señala que la acción de tutela pretende salvaguardar derechos fundamentales de los trabajadores frente afectación de los mismos por el ejercicio de facultades que la legislación reconoce al empleador, buscando el restablecimiento del ejercicio del derecho lesionado y la reparación del daño producido por su vulneración. Agrega que el art. 485 del Código del Trabajo distingue entre los derechos de origen constitucional referidos al art. 19° de Constitución Política de la República que están resguardados en el procedimiento de tutela; así como derechos de origen legal.

Derecho Fundamental Vulnerado

Derecho a la indemnidad, que doctrinariamente puede ser conceptualizado como el derecho de todo trabajador a no ser objeto de represalias por parte de su empleador en al ámbito laboral por el ejercicio de acciones judiciales o administrativas en defensa de sus derechos. Señala que este es un aspecto fundamental del régimen de tutela laboral establecida por el legislador, pues de esta manera se asegura que los trabajadores, tengan la posibilidad de requerir la protección eficaz de sus derechos, sin temor a ser objeto de actos de revancha por su empleador. En el caso sublite, a juicio del demandante, fue objeto de un acto de esta naturaleza al ser trasladada de su lugar de trabajo en el casco urbano de la ciudad a un sector rural a más de 30 kilómetros de distancia, sin siquiera haberle consultado su parecer al respecto, dicha medida fue adoptada por su empleador por solo hecho de reclamar respecto a la recarga laboral que experimentaba, así como de la falta de la remuneración que correspondía percibir por las nuevas responsabilidades asignadas.

Señala además que el art. 485 del Código del Trabajo señala “El procedimiento contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.” En esta caso debido al actuar de le denunciada la demandante ha sufrido una afectación sustancial de su integridad síquica, pues durante todo el tiempo en que estuvo en funciones estuvo siempre al borde del colapso nervios; situación que culminó con fecha 31 de 2018, época en que la Directora Subrogante del Departamento de Educación Municipal le infroma que se le traslada a la localidad de Selva Oscura; señala que dicha medida fue unilateral y que nunca fue aceptada por la demandante el cambio o traslado a dicho sector, pues así no estaba establecido en su contrato de trabajo; agrega que la comunicación se le efectúo estando de vacaciones lo cual le provocó una depresión profunda. Con fecha 5 de marzo de 2018, envía la demandante envía oficio al Director de Educación Municipal, A.S., en que solicita reconsiderara el uso del iusvariandi, sin resultado. Con fecha 12 de marzo de 2018 y según ordinario n° 311, se le responde que a fin de pagar las asignaciones de responsabilidad se le traslada a Selva Oscura. En carta de fecha 18 de abril de 2018, dirigida a C.G.P., J. subrogante del departamento de educación municipal, se indica por la demandante las razones por las que estima que se están vulnerando sus derechos y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. Indica que a raíz del mismo problema y en base al estrés debió ser atendida por la Mutual de Seguridad, donde en un principio se le otorgó licencia médica por trastorno de adaptación y que durante el año 2018 ha estado en constantes visitas al siquiatra, donde en su última visita se le indica “los síntomas que presenta se deben fundamentalmente a factores estresantes ocurridos en dicho lugar de trabajo”.

Del su relato, se concluye por la actora, que se acredita fehacientemente la existencia de actos discriminatorios en su contra por parte de la demandada, al realizara acciones tendientes a provocar estrés y en definitiva provocar la renuncia a su trabajo.

Por lo expuesto y previas citas legales, pide tener por interpuesta denuncia de tutela de derechos fundamentales, en contra de la...

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