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Sentencia nº I-19-2018 de 1° Juzgado de Letras de San Carlos, 8 de Marzo de 2019

Fecha de Resolución: 8 de Marzo de 2019
Emisor:1° Juzgado de Letras de San Carlos
 
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Causa : I-19-2018

Demandante : Administradora De Ventas Al Detalle Ltda.

Demandado : Inspección Comunal De San Carlos

Materia : Reclamación de Multa.

S.C., ocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, compareceA.A.C.M., abogado y mandatario judicial, domiciliado en Avenida I.G.N.°2934, oficina 401, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en representación de ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA, empresa del giro de su denominación, con domicilio en calle Coronel Pereira N°121, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, interpone reclamo judicial de multa administrativa en procedimiento de aplicación general en contra de don L.M.V., en su calidad de JEFE DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SAN CARLOS, o quien haga las veces de tal en caso de ausencia, con domicilio en Maipú N°796, comuna de S.C., de esta ciudad, producto que el día 10 de agosto de 2018, se efectuó la notificación de la Resolución N°153 de 07 de agosto del año en curso, mediante la cual rechazó una reconsideración administrativa interpuesta en contra de la Resolución de Multa N°6101/2018/5 - 1-2-3-4 de fecha 19 de enero de 2018, mediante la cual se aplicó una multa por un monto total de 180 unidades tributarias mensuales por supuestas 4 infracciones a diversa normativa laboral y de higiene, sanción que en el acto administrativo que motiva su reclamo se mantuvo, solicitando desde ya que sea acogida esta acción y se deje sin efecto la resolución singularizada junto con la multa aplicada, con expresa condenación en costas, todo en conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Expone que el inciso segundo del artículo 512 del Código del Trabajo dispone un plazo de 15 días hábiles para reclamar ante el Juez de Letras del Trabajo, de las resoluciones dictadas por el Director del Trabajo producto de las reconsideraciones administrativas que se interpongan en conformidad con el artículo 511 del Estatuto Laboral. Consta en el documento que se acompaña en esta reclamación que la Resolución N°153 de 07 de agosto de 2018 fue notificada personalmente el día 10 de agosto de 2018. Contado el plazo desde el día siguiente de la notificación, el término para interponer la acción vence el 29 de agosto del presente, motivo por el cual hemos accionado dentro de plazo.

Conforme con lo dispuesto en los artículos 420 letra e) y 423 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 39 bis y 108 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, el Juzgado de US es competente para conocer de esta causa, toda vez que el domicilio del reclamado se ubica en Ruta 5 Sur Km. 383, comuna de S.C., de esta ciudad.

La cuantía total de la multa impuesta ($8.591.220.)hace aplicable el procedimiento de aplicación general contenido Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código del Código del Trabajo.

Indica que la Resolución N°153 de 7 de agosto de 2018, acto administrativo que se reclama en esta acción, mantuvo la sanción aplicada previamente por el fiscalizador J.W.Ó.E., por cuatro supuestas infracciones al Código del Trabajo con motivo de una fiscalización realizada el 12 de enero de 2018. La pena aplicada en ese momento y que se mantuvo en esta resolución es de 180 UTM que a la fecha actual equivale a $8.591.220.-.

La sentencia contiene como considerandos, lo siguiente:

Multa 1: Sanción aplicada por “se constata incumplimiento al contrato de trabajo, al modificar la empresa la modalidad de pago por los festivos laborados 18 y 19 de septiembre de 2017, sin contar con el consentimiento de los trabajadores, respecto de... ”

Multa 2: Sanción aplicada por “no contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas legales, respecto la modalidad de pago de lo festivos laborados 01 de enero, 01 de mayo, 18 y 19 de septiembre y 25 de diciembre, respecto...”

Multa 3: Sanción aplicada por “otorgar descanso dentro de la jornada en un momento cercano al inicio de la jornada, al constarse que el día 12/01/2018, la empleadora en el turno de mañana que va desde las 08:00 a las 16:00 horas, los trabajadores hacen uso de la jornada destinada para colación ...

Multa 4: Sanción aplicada por “no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral en las faenas, al constatarse que existiendo un comedor reglamentario, los trabajadores no hacen uso de este comedor durante su colación.”.

Como parte resolutiva, se limita a insertar un cuadro donde confirma todas las sanciones, sin que exista fundamentación o motivación respecto de las razones que tuvo en vista para resolver este asunto, error de hecho que por sí mismo basta para dejarlas sin efecto.

Expone que hay error de hecho manifiesto en la resolución por falta de motivación en el acto administrativo como alegación general y transversal para la totalidad de las multas.

Al respecto podemos señalar que la resolución 153 reclamada, carece de toda fundamentación de derecho en cuanto a los fundamentos legales aplicados para interponer las multas que indica. En efecto, las resoluciones que aplican las multas, como toda fiscalización y resolución administrativa debe ser fundada, de acuerdo a los artículos 16 y 41 de la ley 19.880.

En este tema, la jurisprudencia ha sido conteste al señalar el deber de los órganos de la administración, en especial de la Inspección del Trabajo en fundamentar apropiadamente los razonamientos y considerandos de sus resoluciones administrativas. En respaldo de esta alegación menciona la sentencia de la causa RIT: I-15-2015, del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, que resolvió un reclamo judicial de una multa aplicada por no pagar la remuneración mensual en el entendido que el fiscalizador no consideró un pacto de suspensión de las obligaciones de prestar servicios y de pagar la remuneración íntegra ya que, se acordó que ese mes en que las manipuladoras de alimentos de un establecimiento educacional municipal, no tenía labor que realizar con motivo de las vacaciones escolares, el empleador les pagaría un bono de monto inferior a la remuneración mensual.

En el considerando quinto de esta sentencia se encuentra el razonamiento que sustenta esta alegación y que reafirma que la resolución impugnada no ha sido motivada. La transcripción del considerando es la siguiente:

QUINTO: Que, en la estructura normativa procedimental, prima el principio de protección al debido proceso, hecho que se materializa - entre otras situaciones - en el derecho de toda persona a exigir el fiel cumplimiento de que toda resolución como del proceso administrativo que le dio origen, tenga los fundamentos mínimos en los cuales descansa la decisión del órgano sancionador. Así, este derecho lleva implícito la prerrogativa a ser oído y a que en su beneficio, se establezca la debida bilateralidad, unida a la transparencia y publicidad de las actuaciones administrativas. A lo anterior, se suma la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por los entes administrativos. Así, en base de lo anterior, es que se puede ejercer adecuadamente el control sobre su actuar. Lo anterior, no sólo guarda relación con la legislación laboral, sino que además, es propio de los actos administrativos, conforme lo dispone la Ley N° 19.880, en sus artículos 16 y 41.

De esta suerte, se debe concluir que la autoridad administrativa debe encuadrar su actuar a un proceso con apego estricto a la conducta típica penada, esto es, previo a aplicar el castigo, debe realizar la descripción de la conducta infractora de la legislación laboral, permitiendo al sancionado articular su defensa en base a argumentaciones jurídicas y fácticas ciertas, exigencia que en definitiva permite distinguir el ejercicio propio de las facultades que la Constitución y las leyes entregan al ente estatal de un acto de mero arbitrio.

De la prueba aportada al proceso, especialmente de la multa cursada -que es la que tipifica la sanción administrativa y por tanto, constata el hecho ilegítimo-, de modo alguno se puede desprender cuáles fueron los lineamientos de razonabilidad tenidos en consideración por el fiscalizador

al determinar una infracción a la legislación laboral. A este respecto, se debe recordar que la infracción constatada textualmente señala “no pagar la remuneración de las manipuladoras de alimentos” (sic) sólo indicando la normativa legal supuestamente infringida en el recuadro siguiente. A lo anterior, se debe sumar que de los documentos tenidos a la vista por el fiscalizador, unidos a los requeridos -y exigidos por el reclamante, en el proceso administrativo-, tuvieron los fundamentos mínimos para desprender la hipótesis infractora, de suerte tal que su conclusión debió de contener aquellos mínimos lineamientos de razonabilidad en los cuales se sustentaba la imputación, cosa que como se ha señalado, no ocurrió. En efecto, en ninguna parte de la multa ni del informe de fiscalización, se desprende la forma en que la documentación exhibida, en los hechos, constituía una infracción, sólo basándose en consideraciones normativas de orden legal y administrativas, para suponer que se daban por infringidas las reglas sobre remuneración que en lo pertinente, dicen relación con el pago por los meses de enero y febrero.

De esta forma, independientemente del fondo del asunto, lo cierto es que la decisión del órgano administrativo fiscalizador no indicó de qué forma entendió que las normas laborales se han visto infringidas, pues, como se ha señalado, no basta con indicar un precepto normativo, sino que es menester además la adecuada fundamentación del mismo.

Es preciso señalar que tal como lo señala N.B., las normas jurídicas no existen nunca solas, sino siempre en un contexto de normas que tienen entre sí relaciones particulares y este contexto de normas se acostumbra denominar ordenamiento. Se ha definido al ordenamiento jurídico como el conjunto unitario...

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