Sentencia nº T-120-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, 8 de Marzo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 773302585

Sentencia nº T-120-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, 8 de Marzo de 2019

Fecha de Resolución: 8 de Marzo de 2019
Emisor:Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
 
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RIT T-102-2018

RUC 18-4-0123050-1

CANDEL POZO, N.E. CON

GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ

JUICIO ORDINARIO

SENTENCIA

Iquique, ocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que, con fecha 25 de julio de 2018, doña R.F.T.M., abogada, domiciliada en calle S.N., oficina 414, de la ciudad de Iquique, en representación de don N.E.C.P., ex profesional a Contrata del Gobierno Regional de Tarapacá, periodista, con domicilio en calle S.A.N., de la ciudad de Iquique, interpone demanda, por Tutela de Derechos Fundamentales, con ocasión del despido y cobro de prestaciones e indemnización por daño moral, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ, representado por don MIGUEL ÁNGEL QUEZADA TORRES, Intendente Regional, ambos con domicilio en Avenida Arturo Prat N°1099 de la ciudad de Iquique y solicita se acoja su demanda, en todas sus partes, más intereses, reajustes y las costas de la causa.

Que, con fecha 28 de agosto de 2018, se tuvo por contestada la demanda.

Que, en audiencia preparatoria, de fecha 03 de septiembre de 2018, se llamó a las partes a conciliación, la cual no se produjo.

Que, en audiencia preparatoria se recibió la causa a prueba fijándose los siguientes puntos de prueba:

1.- Efectividad de haberse vulnerado los derechos fundamentales alegados por el actor con ocasión del término del vínculo; hechos y circunstancias.

2.- Funciones ejercidas por el actor y su calificación desde el punto de vista administrativo.

3.- Efectividad de haber padecido el demandante el daño moral que alega, hechos y circunstancias.

4.- Efectividad de ser procedente el lucro cesante que el demandante alega; montos.

5.- Fundamentos, hechos y circunstancias de las excepciones alegadas por la parte demandada.

Que, las partes ofrecieron prueba, al tenor de los puntos de prueba determinados por el tribunal.

CON LO RELACIONADO VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la demandante expresa que comenzó la relación laboral con la denunciada el 13 de octubre de 2015 contratado a honorarios a suma alzada en calidad de periodista, para apoyar las labores del departamento de comunicaciones del Gobierno Regional. En atención al buen trabajo desempeñado, fue contratado por el Gobierno Regional de Tarapacá en calidad jurídica de contrata grado 9 E.U.R. del estamento profesional, con plazo de duración desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2015, según consta en resolución afecta N°135, de fecha 28 de diciembre de 2015, la que fuera prorrogada hasta el 31 de marzo de 2016. Posterior al 31 de marzo de 2016 se prosiguió con su contrata desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Resolución que fue prorrogada para el año 2017, a través de Resolución TRA N°803/57/2016, de fecha 30 de diciembre de 2016, y nuevamente prorrogada para el año 2018, a través de la resolución TRA N°803/79/2017, de fecha 27 de diciembre de 2017.

Sostiene que su remuneración era la de $2.126.157.-, a la que se debe sumar trimestralmente el bono por convenio de desempeño, al cual tenía derecho por resultado del año 2017, en la resolución exenta N°105, de fecha 6 de marzo de 2018, del Gobierno Regional de Tarapacá.

En cuanto a sus funciones sostiene que estuvieron relacionadas al apoyo de actividades propias del Departamento de Comunicación, es decir, dar cobertura de medios a las actividades comunicacionales de las autoridades del Gobierno Regional, producción de notas de prensa, videos, publicaciones en plataformas digitales oficiales, relación con medios de comunicación local y nacional, entre otras labores. Agrega que nunca fue objeto de procesos sumariales ni de anotaciones de demérito.

En cuanto al término del vínculo sostiene que el día 14 de marzo del año 2018 y a dos días de asumir el nuevo gobierno fue llamado por la Sra. L.P., jefa de gabinete del señor Intendente de Tarapacá, M.Á.Q., a su despacho, oportunidad en la cual le informó de manera verbal, que el jefe superior del servicio había determinado mantenerlo trabajando y que lo destinaría a una de las divisiones del Gobierno Regional de Tarapacá, a objeto de seguir cumpliendo funciones de periodista, dado que no era posible seguir haciéndolo en el Departamento de Comunicaciones del Gobierno Regional de Tarapacá, señalando como fundamento de la decisión el “haber trabajado en la administración anterior”. Asimismo, se le indicó que estaba autorizado su feriado desde el 15 hasta el 24 de marzo.

Explica que desde su incorporación el 26 de marzo, la jefa de gabinete del Intendente de Tarapacá, señora L.P., le ordenó trasladarse a la División de Presupuesto e Inversión Regional, a cargo de la Sra., G.G.F., lugar en el cual pudo constatar que no había, hasta ese momento, una estación de trabajo ni mayores instrucciones acerca de las labores que debía desempeñar en dicha unidad, por lo que desde el día 26 de marzo al día 3 de mayo, no tuvo instrucciones por escrito o por correo electrónico respecto de su asignación de funciones o labores a desarrollar, a pesar de haberlo solicitado a la jefatura respectiva. Indica que, posteriormente, se le informó por G.F. que debía seguir sólo con el proyecto para desarrollar una aplicación móvil, tarea que formaba parte del proyecto de restauración de fachadas del P.B. de Iquique y que el Departamento de Comunicaciones venía desarrollando desde el año 2017 en conjunto con la División de Inversión y Presupuesto Regional. No obstante, fue impedido de participar en reuniones de planificación con las nuevas autoridades y la empresa, pese a que, supuestamente, era contraparte técnica del proyecto. Agrega que en la primera reunión con la empresa desarrolladora de la aplicación, el señor J.V., actual integrante del gabinete del señor I., le señaló que “en gabinete no te quieren ver, así es que no hagas tal de aparecerte en la reunión”, la que ocurrió el viernes 16 de marzo.

Afirma que la Sra. G. le manifestó “el Intendente me pidió que te dijera que no quería verte en reuniones con empresas ni saludando a los consejeros regionales”, lo cual hacía imposible su trabajo. Asimismo, y como una forma de hostigamiento, se instruyó que en algunas actividades fuera designado como conductor para cometidos que realizarían otros compañeros de trabajo.

Sostiene que el Gobierno Regional de Tarapacá debió tener especial atención a su trato laboral, tomando en consideración la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, Oficio Ordinario Nº18.047, del 20 de abril de 2017, donde se determina que existió enfermedad profesional -pese a la apelación del Gobierno Regional de Tarapacá y al rechazo de la Comisión Preventiva de Invalidez (COMPIN)-, en donde se instruyó, a partir de una licencia médica suya, la implementación de un programa de vigilancia psicosocial a los funcionarios del servicio, el que concluyó, con el documento denominado “Medidas de Mitigación para Enfrentar Diagnóstico de Vigilancia Psicosocial”. Acto seguido reproduce un correo electrónico dirigido al jefe de personal Sr. C.L., por una supuesta burla abalada por la jefatura respecto de la enfermedad padecida por el actor durante el año 2017, la que C. habría denominado como E.I. (enfermedad imaginaria).

Manifiesta que con fecha 2 de mayo de 2018, y de manera informal tomó conocimiento de la existencia de la Resolución Exenta N°196/2018, fechada ese mismo día, donde el Gobierno Regional de Tarapacá lo destina a la División de Presupuesto e Inversión Regional, decisión que le fue informada a través de la entrega de dicha resolución por parte de la Sra. G.T., en la cual se lo disminuye de grado funcionario sin expresión de fundamentos, al grado 11° EUS, lo que implicaba una baja del 50% de su remuneración. Sin embargo, entre la última resolución y la Resolución Exenta N°196/2018 de fecha 2 de mayo de 2018, no existe acto administrativo alguno que dé cuenta de una rebaja del grado asignado originalmente.

Por otra parte, manifiesta que mantiene vigente, a la fecha, un crédito con la Caja de Compensación Los Andes por la cantidad de $293.919.-, la cual se descontaba mes a mes de su remuneración. De acuerdo a las instrucciones contenidas en la circular N°3355 de fecha 23 de abril de 2018, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de los funcionarios públicos que accedan a créditos sociales de las respectivas C.C.A.F, los descuentos no podrán ser superiores al 15% de la remuneración del afiliado, por lo que con el cambio de remuneración se produjo una rebaja ilegal de su remuneración. Todas situaciones que afirma habrían sido expresadas al Sr. Intendente, con fecha 3 de mayo de 2018. Sin embargo, al final de esa jornada, tomó conocimiento de una segunda resolución, la cual fue remitida por mano, por una funcionaria que no conocía y que declaró pertenecer al Gabinete del Intendente. Se trataba de la Resolución TRA N°803/25/2018, de fecha 2 de mayo de 2018 del Gobierno Regional de Tarapacá, que ponía término anticipado a la designación a contrata de forma retroactiva, es decir, a partir del día feriado 01 de mayo de 2018.

Sostiene que la referida resolución lo posicionó en una calidad directiva, lo cual no es efectivo, al tenor de recurso de protección 865-2017, confirmado por la Corte Suprema, donde se señala que “... el fundamento por el que se deniega el ingreso al recurrente, esto es, ser funcionario en el que existe una confianza política de la autoridad regional, no se encuentra consignado dentro del Estatuto como causal de rechazo, y lo más próximo a ello es, conforme al mismo Estatuto, es la existencia de un cargo directivo de confianza, cuyo no es el caso del recurrente”. Agrega que dicha resolución es ilegal, dado que la Resolución RA N°803/79/2017 por la cual se prorrogaba su contrata hasta el 31 de diciembre del año 2018, no contenía la cláusula expresa “mientras sean necesarios sus servicios”. Todo lo anterior dio lugar a la interposición de un Recurso de Reposición, ante el...

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