Sentencia nº Rol 3869-17 de Tribunal Constitucional, 28 de Marzo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 775153825

Sentencia nº Rol 3869-17 de Tribunal Constitucional, 28 de Marzo de 2019

Fecha de Resolución:28 de Marzo de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
 
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Santiago, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS:

El juez T. y Aduanero de la Región del Biobío, por resolución de 12 de septiembre de 2017, ingresada a esta M. el día 14 del mismo mes y año, ha solicitado pronunciamiento acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 31 inciso 1°; 33 N°1, letra g); y 21, inciso 1°, literal i), de la Ley de Impuesto a la Renta, en la causa sustanciada ante el mismo tribunal requirente, sobre procedimiento general de reclamaciones, caratulada “ISAPRE MASVIDA S.A. con SII VIII DR Concepción”, bajo el RUC N° 16-9-0001482-5, RIT GR-10-00131-2016.

Preceptiva legal cuya aplicación se impugna

La preceptiva legal impugnada dispone:

Artículo 21.- Las sociedades anónimas, los contribuyentes del número 1 del artículo 58, los empresarios individuales, comunidades y sociedades de personas que declaren sus rentas efectivas de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar conforme a los artículos 65, número 1, y 69 de esta ley, un impuesto único de 35%, que no tendrá el carácter de impuesto de categoría, el que se aplicará sobre:

  1. Las partidas del número 1 del artículo 33, que correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo. La tributación señalada se aplicará, salvo que estas partidas resulten gravadas conforme a lo dispuesto en el literal i) del inciso tercero de este artículo;

    Artículo 31° (inciso 1°): La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de los cuales se aplique la presunción de derecho a que se refiere el literal iii) del inciso tercero del artículo 21 y la letra f), del número 1°, del artículo 33, como tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en combustible, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento. Tampoco procederá la deducción de gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente. No obstante, procederá la deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, cuando el Director los califique previamente de necesarios, a su juicio exclusivo. Tratándose de los gastos incurridos en supermercados y comercios similares, podrá llevarse a cabo su deducción cuando no excedan de 5 unidades tributarias anuales durante el ejercicio respectivo, siempre que se cumpla con todos los requisitos que establece el presente artículo. Cuando tales gastos excedan del monto señalado, igualmente procederá su deducción cumpliéndose la totalidad de los requisitos que establece este artículo, siempre que previo a presentar la declaración anual de impuesto a la renta, se informe al Servicio, en la forma que establezca mediante resolución, el monto en que se ha incurrido en los referidos gastos, así como el nombre y número de rol único tributario de él o los proveedores.

    Artículo 33°.- Para la determinación de la renta líquida imponible, se aplicarán las siguientes normas:

    1. - Se agregarán a la renta líquida las partidas que se indican a continuación y siempre que hayan disminuido la renta líquida declarada:

  2. Las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31° o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso.

    En caso de que el contribuyente sea una sociedad de personas, deberá entenderse que el término "contribuyente" empleado en las letras b) y c) precedentes, comprende a los socios de dichas sociedades.

    Gestión pendiente

    La gestión pendiente invocada es el juicio de reclamo tributario en contra de las liquidaciones 93, 94, 95 y 96 de 26 de agosto de 2016 emitidas por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, en los autos caratulados “ISAPRE MASVIDA S.A. con SII VIII DR Concepción”, sustentado ante el Tribunal Tributario y A. de la Región del Biobío, bajo el RUC N° 16-9-0001482-5, RIT GR-10-00131-2016.

    En cuanto a los fundamentos de hecho y derecho

    Mediante Notificación N° 1154 de la Subdirección de Fiscalización del SII solicita a la requirente documentación con el objeto de revisar el tratamiento tributario de las costas provenientes de sentencias judiciales emitidas por las Cortes de Apelaciones, en cuanto hubieren acogido acciones constitucionales de protección deducidas en contra del incremento del precio de los planes ofrecidos por I.M.V. e impuesto sanción en costas.

    Con fecha 22 de agosto de 2016 el Director del SII dicta Oficio Ordinario 137 en el que se pronuncia sobre la consulta realizada por la Dirección de Grandes Contribuyentes, que versa sobre el “tratamiento tributario” que debe darse a las costas a que son condenadas las Isapres en el contexto de recursos de protección en contra de alzas en el precio de los planes de salud. Concluye en dicho oficio la autoridad fiscal que los desembolsos incurridos por los contribuyentes por concepto de costas personales a las que han sido condenados en los recursos de protección, no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 31 de la LIR y por lo tanto están sujetos a lo dispuesto en el artículo 21, aun cuando sean de carácter obligatorio, al estar establecidos mediante sentencia judicial, pues no se trata de gastos necesarios para producir sus rentas al no estar relacionados con su giro ni estar destinados a generar ingresos, sino que su objeto es resarcir los gastos en que ha incurrido la parte vencedora en el procedimiento jurisdiccional, por el incumplimiento de las normas que regulan la adecuación de los planes de salud y que los tribunales han calificado de arbitrario.

    El SII emitió la citación N° 57 de 26 de abril de 2016. Dado que la respuesta a la citación no logró desvirtuar las observaciones citadas por el servicio, con fecha 26 de agosto de 2016 se notificaron las liquidaciones Nos 93, 94, 95 y 96 que aplican un impuesto único establecido en el artículo 21 de la LIR, y ordenan el reintegro de los remanentes de pagos previsionales mensuales cuya devolución obtuvo la sociedad reclamante en determinados meses.

    La ISAPRE presenta reclamo tributario por las liquidaciones ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Concepción. Señala el requirente que el reclamo tributario se funda, entre otros aspectos, en que el criterio del SII altera con efecto retroactivo la práctica que dicho organismo público había tenido de aceptar los gastos objeto de las liquidaciones como necesarios para producir la renta, vulnerándose el principio de confianza legítima y el artículo 26 del Código Tributario.

    Disposiciones constitucionales que se alegan infringidas

    El requirente señala que la aplicación de estos preceptos legales en la gestión pendiente contradicen el texto constitucional, en particular, las disposiciones del artículo 19, N°2, por infracción a la igualdad ante la ley; artículo 19 N° 3, por infracción al derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a defensa; el artículo 19 N° 21, por atentar contra la libertad para desarrollar actividades económicas, y en el artículo 19 N° 20, al infringir la igualdad y no discriminación arbitraria en materia tributaria. También se alega infracción al principio de confianza legítima, por contravención del artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamenta.

    En primer lugar, el requirente señala que las disposiciones contravienen las garantías tributarias del numeral 20 del artículo 19 de la Constitución, en particular el principio de proporcionalidad, justicia e igualdad ante los tributos, este último en relación al artículo 19 N° 2, en cuanto a que establecen una regulación específica para el caso de las Isapres, siendo los únicos contribuyentes del Impuesto a la Renta a los que se les rechazaría la rebaja de gasto de las costas personales a las que ha sido condenada en juicio.

    Plantea, además, que la aplicación de estos preceptos legales impugnados en la gestión pendiente atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Ello ya que el tratamiento que se da a las costas personales representaría un obstáculo que impide el ejercicio a defenderse, generándose un pago adicional al que supone el ejercicio de su defensa.

    El requirente señala que los referidos preceptos legales atentan contra el derecho a la libertad económica del numeral 21 del artículo 19. Ello en consideración a que el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, faculta a las Isapres para revisar anualmente el precio del contrato de salud.

    Indica que de conformidad a la Ley de Impuesto a la Renta, los contribuyentes tienen derecho a deducir de su renta bruta los gastos necesarios para producirla. Al tratarse las Isapres de empresas de giro exclusivo, cuyos ingresos provienen precisamente del precio que pagan los afiliados por los planes, su litigiosidad producida por el alza de éstos, implica costos que son propios de su actividad empresarial.

    La interpretación que el SII hace de las normas aplicables limita la garantía de libertad de empresa al gravar gastos que son necesarios para el cumplimiento de los fines de prestación de salud de las Isapres, las que con el objeto de conservar su solvencia y cubrir los costos asociados a...

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