Sentencia nº Rol 613 de Tribunal Constitucional, 9 de Marzo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 58942451

Sentencia nº Rol 613 de Tribunal Constitucional, 9 de Marzo de 2007

Fecha de Resolución: 9 de Marzo de 2007
Emisor:Tribunal Constitucional
RESUMEN

Requerimiento de inaplicabilidad presentado por Sociedad Comercial Venegas Limitada respecto del artículo 116 del Código Tributario, en las causas caratuladas “VENEGAS LIMITADA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS” Roles Nº 2.261-2005 y 2.581-2005, seguidos ante la Corte de Apelaciones de Temuco

 
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Santiago, nueve de marzo de dos mil siete.

Proveyendo el escrito de fs. 50, a sus antecedentes.

VISTOS:

Con fecha 2 de noviembre de 2006, don C.F.M.L., en representación de Sociedad Comercial Venegas Limitada, ha formulado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 116 del Código Tributario, sosteniendo que vulnera los artículos 6°, 7°, 19 Nº 3, incisos cuarto y quinto, 38 inciso segundo, 76 inciso primero y 77 inciso primero de la Constitución Política.

La presente acción de inaplicabilidad se deduce en relación con dos gestiones pendientes en las que se solicita la declaración de inaplicabilidad de la norma señalada y que están constituidas por los recursos de apelación, R.N. 2.261-2005 y 2.581-2005, de que conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, interpuestos respectivamente en contra de las sentencias de primera instancia de 26 de agosto de 2005 y de 20 de octubre de 2005, dictadas por doña V.H.M., en calidad de juez tributario delegado, en conformidad a la resolución Exenta Nº 2.102, de 30 de agosto de 1994, de la Novena Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Temuco, en los autos sobre reclamación de liquidaciones de impuestos, Rol Nº 10.023-2004 y 10.050-2004.

Señala la requirente que el artículo 116 del Código Tributario, que dispone que “El Director Regional podrá autorizar a funcionarios del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias obrando "por orden del Director Regional", en virtud del cual se han delegado a doña V.H.M. las potestades jurisdiccionales del Director Regional de Temuco del Servicio de Impuestos Internos, es inaplicable en la gestión pendiente, por las razones que se sintetizan a continuación:

Corresponde a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, conforme lo disponen los artículos 6º letra B y 115 del Código Tributario, así como el artículo 19, letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.

De los preceptos antes trascritos puede colegirse que los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos ejercen funciones jurisdiccionales, entendida la jurisdicción “como aquella potestad pública en virtud de la cual, ciertos órganos del estado dirimen conflictos de trascendencia jurídica suscitados entre partes, mediante decisiones dotadas de los atributos de inmutabilidad y coercibilidad de la cosa juzgada”.

Agrega que las normas mencionadas son anteriores a la Constitución Política de 1980, cumpliendo, por tanto, con la exigencia que respecto a la organización y atribuciones de los tribunales contempla el artículo 77, inciso primero, de la Constitución, ya que, con arreglo a la disposición cuarta transitoria, deben entenderse que ellas satisfacen el requisito de considerarse leyes orgánicas constitucionales y siguen aplicándose mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.

Por su parte, el legislador reconoce que los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, aparte de ejercer funciones administrativas, ejercen “potestades de índole judicial”, tal como se inferiría del epígrafe del Libro Tercero del Código Tributario, que alude a tribunales y procedimientos, y de su artículo 115 y siguientes, todos los cuales “ponen de manifiesto que las reclamaciones deducidas por los contribuyentes (…) originan un proceso que corresponde resolver al respectivo Director Regional en el carácter de juez o tribunal de primera instancia”.

Añade que los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos delegan sus potestades jurisdiccionales, en base a lo dispuesto en los artículos 6º, letra B Nº 7 y 116 del Código Tributario, y 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, a funcionarios subalternos, lo que en la especie ha sucedido mediante la Resolución Exenta N° 2.102, de 30 de agosto de 1994.

Precisa que del examen de lo dispuesto en el artículo 6º, letra B Nº 7 del Código Tributario y del artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, por la generalidad de estas disposiciones, sólo debería entenderse referida a la delegación de atribuciones administrativas, y no a aquellas de tipo jurisdiccional, a las que, en cambio, sí se refiere, de modo expreso, el artículo 116 del Código Tributario, al consagrar la delegación para conocer y fallar las reclamaciones.

Recuerda que la Constitución consagra ciertos principios que tienen por finalidad el correcto y eficiente funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, destacando entre ellos el de legalidad.

Conforme a dicho principio, la ley es la única fuente formal y directa capaz de crear tribunales. Así se desprende del artículo 76 de la Carta Fundamental, que se encuentra corroborado y reforzado por su artículo 77. Dicho principio también se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 3 incisos cuarto y quinto de la Constitución, al señalar que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se haya establecido con anterioridad por ésta; y en su artículo 38 inciso segundo, que previene que cualquier persona lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, sus organismos o municipalidades podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley.

Afirma, asimismo, que el artículo 116 del Código Tributario, en cuanto faculta al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos para delegar sus funciones jurisdiccionales, con las que la ley expresamente lo ha dotado, a otro funcionario, permite, en la práctica, que se confiera a este último a través de un acto administrativo el carácter de órgano jurisdiccional, en circunstancias de que sólo la ley puede conferirle tal calidad, “contraviniéndose así el mencionado principio de reserva en materia de organización y atribuciones de los tribunales”.

En otras palabras, afirma que no es la ley la que efectúa la designación del funcionario que habría de asumir la calidad de juez en calidad de delegado, sino que dicho rol sería asumido por la resolución del delegante Director Regional, llegando ese acto administrativo a convertirse en definitiva en el título jurídico habilitante de la actuación del delegado.

Indica, finalmente, que el artículo 116 del Código Tributario no sólo contraviene las normas constitucionales antes señaladas sino que, además, los artículos 6º y 7° en relación con lo preceptuado en los artículos 76º y 77º de la misma Carta Fundamental, ya que a través del mecanismo de la delegación se constituye un órgano jurisdiccional cuya designación o determinación no proviene de manera inmediata de la ley.

El requerimiento fue declarado admisible por la Segunda Sala de esta M. el 17 de octubre de 2006, pasando al Pleno para su tramitación.

Con fecha 23 de noviembre de 2006, la Abogado Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, evacuó el traslado conferido solicitando el rechazo del requerimiento en atención a las siguientes consideraciones:

La disposición impugnada, el artículo 116 del Código Tributario, no tiene relación alguna con la materia que se discute en las reclamaciones interpuestas y que actualmente son objeto de dos recursos de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

En efecto, es un requisito de la esencia del recurso de inaplicabilidad que éste pretenda obtener la no aplicación de un precepto legal en un juicio o gestión determinada y que se trate de una disposición concreta y específica.

Agrega que no se divisa la forma en que el artículo 116 del Código Tributario pueda ser considerado en el fallo que se ha de dictar en definitiva en ambas causas, ya que en ellos sólo han de considerarse disposiciones legales relacionadas con la materia debatida.

Sostiene, asimismo, que lo que se pretende no es que determinados preceptos tributarios no se apliquen a un caso particular por ser contrarios a la Constitución, sino que, más bien, se trata de eliminar al tribunal que conoció de ellos, lo que no aparece avenirse con el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental, tal como lo confirma la jurisprudencia de la Corte Suprema que cita al efecto.

Añade que los tribunales tributarios se encuentran creados por la ley y no por decisiones de los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, como lo indica el artículo 115 del Código Tributario.

Es, a su vez, la misma ley es la que permite al Director Regional autorizar a funcionarios del Servicio para conocer y fallar reclamaciones y denuncias, en virtud del artículo 116 del Código Tributario. Ello no se hace sobre la base exclusiva de una delegación administrativa, ya que, si bien los Directores Regionales son órganos de la Administración del Estado, ejercen por disposición legal facultades jurisdiccionales y se rigen por las leyes que los establecen y reglamentan.

La facultad de conocer y fallar las reclamaciones y denuncias del Director Regional y su autorización a funcionarios del Servicio obrando “por orden del Director Regional”, no sólo está amparada en la ley tributaria –artículos 115 y 116 del Código Tributario-, sino por el mismo artículo 7º de la Constitución, ya que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Así, el tribunal creado por la ley es tanto el Director Regional cuanto el funcionario dependiente a quien éste autorice. Por lo tanto, no hay delegación de facultades jurisdiccionales como afirma el recurrente, ya que el Director Regional...

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