Sentencia nº Rol 370 de Tribunal Constitucional, 9 de Abril de 2003
| Fecha | 09 Abril 2003 |
| Materia | Derecho Constitucional |
ROL Nº 370
REQUERIMIENTO FORMULADO POR DIVERSOS SENADORES CON EL OBJETO DE QUE EL TRIBUNAL DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO SUPREMO Nº 1, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE 8 DE ENERO DE 2003, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 1º DE FEBRERO DE ESTE AÑO, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 82 Nº 5º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.Santiago, nueve de abril de dos mil tres.
VISTOS:
Doce señores senadores que constituyen más de la cuarta parte de los miembros del Senado en ejercicio, presentaron, con fecha 28 de febrero de 2003, un requerimiento para que se declare la inconstitucionalidad del decreto supremo Nº 1, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 8 de enero de 2003, publicado en el Diario Oficial de 1º de febrero de este año, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 Nº 5º de la Constitución Política, por vulnerar, entre otras disposiciones, el artículo 19 Nº 26 de la Constitución, en relación con los artículos 32 Nº 8 y 60, el artículo 19 Nºs. 2º, 20º, 21º y 24º, y los artículos 6º, incisos primero y segundo, 7º, incisos primero y segundo, 88 y 107, todos de la misma Carta Fundamental.
La nómina de los senadores requirentes es la siguiente: señora E.M.F. y señores J.A.R., C.B.O., M.C.B., J.A.C.C., A.C.P., S.F.F., H.L.F., J.N.V., J.O.B., S.R.P. y R.S.O..
El decreto impugnado tiene por objeto exigir un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano a los proyectos residenciales y no residenciales con destino único y a aquellos con destinos mixtos cuando superen los umbrales que en él se contemplan. Dicho Estudio debe realizarse y evaluarse según la metodología y procedimientos que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mediante resolución exenta, la cual deberá llevar, además, la firma del Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Se expresa que el decreto supremo que se impugna, restringe libertades y derechos constitucionales, que ello es materia de ley y que el decreto no dispone de fuente legal suficiente que habilite al Presidente de la República para efectuar dichas restricciones.
Se agrega, en lo esencial, que el decreto supremo que se impugna, que invade ilegítimamente la potestad legislativa, impone un requisito que afecta en su esencia (artículo 19, Nº 26), el ejercicio legítimo del derecho a desarrollar una actividad económica (artículo 19, Nº 21), como también el derecho de propiedad (artículo 19, Nº 24), y viola, igualmente, el artículo 19 Nº 2º de la Constitución Política.
Se indica, además, que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe aprobar la metodología y procedimientos para la realización y evaluación del Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano por resolución exenta del trámite de toma de razón, lo que contraviene el artículo 88 de la Constitución, que dispone que sólo la ley puede establecer una exención de esa naturaleza.
Por último, se expresa que el decreto supremo, sin intervención de la ley, concede a la Administración una atribución que condiciona la actuación de la autoridad municipal, que posee autonomía constitucional, violando lo dispuesto en el artículo 107 de la Carta Fundamental.
Finalizan los requirentes solicitando que se declare, en consecuencia, que el decreto supremo impugnado es inconstitucional en su totalidad, o en la parte que el Tribunal así lo determine.
Con fecha 11 de marzo de 2003 se acogió a tramitación el requerimiento y, al día siguiente, se puso en conocimiento del Presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados y del Contralor General de la República.
El Presidente de la República, contestando el requerimiento, con fecha 18 de marzo de 2003, expone, en esencia, lo que se pasa a indicar.
En primer término, se refiere al contenido normativo del decreto supremo Nº 1, de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, haciendo un análisis pormenorizado de dicho acto administrativo reglamentario.
Manifiesta el J. de Estado que tanto la exigencia de un Estudio de Impacto Vial, como la de efectuar las adecuaciones correspondientes por parte del propietario de las obras, provienen de la norma original y no han sido establecidas por el decreto supremo impugnado.
El Presidente de la República señala que el requerimiento impugna normas vigentes, ya que la exigencia de un Estudio de Impacto Vial y las consecuencias que de él derivan no son creación del decreto supremo Nº 1, sino que provienen del decreto supremo Nº 59, de 8 de mayo de 2001, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en virtud del cual se reemplazó el artículo 2.4.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por lo que la objeción de los requirentes es improcedente.
Expresa más adelante, que el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, L. General de Urbanismo y Construcciones, es un cuerpo normativo regulatorio del derecho de propiedad urbanístico que invoca la potestad reglamentaria por su naturaleza de ley de bases.
El Sr. Presidente afirma, en seguida, que el decreto supremo Nº 1 cumple con todas las exigencias para la intervención del reglamento.
Destaca que, en materia de urbanismo y de transporte, es la norma reglamentaria la que puede responder de mejor forma a la realidad particular de una determinada zona, localidad o colectividad, según sus propias características y circunstancias en un momento determinado.
Expone que para la intervención de la potestad reglamentaria de ejecución, las disposiciones legales que regulan derechos deben cumplir con los requisitos de determinación y especificidad.
La determinación, puntualiza el Jefe de Estado, exige que los derechos que pueden ser afectados se señalen en forma concreta en la norma legal, en tanto la especificidad requiere que se indiquen en la ley y de manera precisa, las medidas especiales que se pueden adoptar al efecto.
Manifiesta que las normas legales habilitantes del decreto supremo Nº 1 dicen relación, en lo fundamental, con la libertad de locomoción, el derecho a desarrollar libremente actividades económicas y el derecho de propiedad y cumplen con los requisitos antes mencionados.
Pasa, luego, a hacer un detenido análisis de cada una de ellas.
Concluye que, de las amplísimas potestades con que cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia urbana, se desprende que se encuentra legalmente habilitado para modificar un simple factor de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, texto reglamentario que el propio Ministerio está llamado a actualizar, integrar, interpretar, regular, coordinar, supervigilar y fiscalizar.
Agrega, posteriormente, el P., que el decreto supremo Nº 1 no afecta el derecho de propiedad.
Expresa que, en la actualidad, la propiedad no puede ser entendida como un derecho absoluto ni de ejercicio incondicionado, y que tratándose de la ordenación urbanística, en cuanto legítima función pública, es la autoridad la que debe intervenir en resguardo de los derechos de los demás que se ven comprometidos.
Señala, además, que en este caso el derecho de dominio no se ve afectado en su esencia, por cuanto no se lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, no se lo entraba más allá de lo razonable ni se lo priva de tutela jurídica.
Luego, el P. de la República expone que el decreto supremo Nº 1 no afecta la autonomía municipal. Las municipalidades son órganos de la Administración del Estado que se rigen por el principio de coordinación y, en conformidad con su propia Ley Orgánica Constitucional, deben aplicar dentro de cada comuna las normas sobre transporte y tránsito público y construcción y urbanización “que dicte el ministerio respectivo” (artículo 3º, letras d) y e)).
Por último, en relación con el artículo 88 de la Constitución Política, expresa el J. de Estado, en síntesis, que es la Ley Orgánica Constitucional la que confiere al Contralor la facultad para eximir del trámite de toma de razón a determinados actos.
Finaliza el Sr. Presidente de la República sus observaciones solicitando se declare la plena sujeción del decreto supremo Nº 1, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2003, a la Constitución.
Con fecha 18 de marzo del presente año, el Sr. Contralor General de la República formula sus observaciones.
En primer término, examina la oportunidad del requerimiento, asunto en el cual destaca que la norma que se impugna fue establecida en el texto original de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de 19 de mayo de 1992, en su artículo 2.4.3., el que, a su vez, fue reemplazado por el decreto supremo Nº 59, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2001.
De esta manera, asevera el Sr. Contralor, la medida que se objeta existe desde la dictación de la Ordenanza General, y solo fue materia de ciertas precisiones a través de los decretos supremos Nº 59 de 2001, y Nº 1 de 2003. En consecuencia, concluye, la pretensión de los requirentes es extemporánea.
Más adelante, se refiere al fondo del asunto planteado.
Destaca que la Constitución de 1980 sustituyó el principio de dominio legal mínimo por el de dominio legal máximo, y expone que de acuerdo al espíritu de dicha modificación y a las características propias de la norma legal, ésta ha de comprender las reglas fundamentales, los preceptos básicos, remitiendo al reglamento su complementación o ejecución. Luego de citar al respecto los artículos 1º y 2º y “en lo que interesa” el artículo 105...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Notas sobre los Planes y la actividad administrativa de planificación: el caso del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
...para establecer los deslindes 32 Ibíd., p. 253. 33 CORDERO, Luis. Lecciones de Derecho Administrativo, p. 151. 34 Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N°370. 35 Ibíd., Rol N°254. / 196 REVISTA JUSTICIA AMBIENTAL al contenido del derecho, los cuales se expresan en formalidades, obligacione......
-
La legislación delegada en el derecho chileno y su función constitucional
...República. En este caso se produce una clara colaboración entre Legislador y el Ejecutivo. 50 Vid . sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 370, de 9 de abril de 2003, considerando vigésimo tercero. Vid. santamaría (1991), pp. 654-656, y parejo (2003), p. 283. Vid. corDero (2009), pp. ......
-
Titularidad de los servicios de telecomunicaciones y regulación tarifaria. Límites a las facultades normativas de la administración
...desenvol-verse válidamente solo en función de las pormenorizaciones que la ejecución de la ley exige para ser llevada a la práctica. (STC Rol N°370, cons.23); y (2) para regular solamente el o los derechos fundamentales que determine concretamente el legislador y para que adopte las medidas......
-
Certeza jurídica y control de constitucionalidad de la decisión que confiere efecto retroactivo a las leyes
...expresamente permite que el legislador modifique o derogue sus normas (artículo 63), siendo la ley una regulación de carácter innovador (STC 370/2003). Enseguida, aquí no ha existido ningún cambio brusco de la legislación. Desde que se envía el Mensaje del proyecto que originó la Ley N° 19......
-
Sentencia nº Rol 2245 de Tribunal Constitucional, 3 de Julio de 2012
...a éste, el legislador debe abordar sólo aquellas materias que el constituyente le encarga, sin que pueda exceder dicho ámbito (STC 242/1996, 370/2003, 480/2006, 577/2007). Dicho exceso se produce porque aborda asuntos que son propios de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de l......
-
Sentencia nº Rol 2069 de Tribunal Constitucional, 31 de Julio de 2012
...expresamente permite que el legislador modifique o derogue sus normas (artículo 63), siendo la ley una regulación de carácter innovador (STC 370/2003). Enseguida, aquí no ha existido ningún cambio brusco de la legislación. Desde que se envía el Mensaje del proyecto que originó la Ley N° 19.......
-
Sentencia nº Rol 2367 de Tribunal Constitucional, 16 de Enero de 2013
...determinados en una ley (STC 325/2001). La Constitución diseña un régimen que armoniza potestad legislativa con potestad reglamentaria (STC 370/2003); que una actividad se regule por ley no excluye la colaboración reglamentaria (STC 480/2006). Ello, ha dicho, se funda en una interpretación ......
-
Sentencia nº Rol 2787 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2015
...mismo, es una ley de bases, que sólo aborda lo medular de una regulación, entregando el resto a la potestad reglamentaria administrativa (STC 370/2003). Del otro, porque le encarga diseñar un sistema gratuito. La expresión “sistema” implica un conjunto estructurado de elementos entrelazados......
-
Los principios ambientales en la actividad del Tribunal Constitucional (a propósito de la Sentencia Rol Nº 2.684-2014)
...que resulte compatible con las características de la ley como una categoría, diferenciada e inconfundible, de norma jurídica” (STC, Rol Nº 370-03, considerando 17º). guzmán (2010), pp. 440 Estudios Constitucionales, Año 14, Nº 2 2016, pp. 435-460 Los principios ambientaLes en La actividad d......
-
La propiedad en Chile y sus dilemas
...diversiicada y sometida a regulación, y funda su opinión en la jurisprudencia anterior emanada de los precedentes del TC de los casos STC roles 370-200380, 1298-200981, 80 Fallo disponible [en línea]: http://www.tribunalconstitucional.cl/expediente ile:///C:/Users/pruiztagle/Downloads/50904......
-
La legislación delegada en el derecho chileno y su función constitucional
...República. En este caso se produce una clara colaboración entre Legislador y el Ejecutivo. 50 Vid . sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 370, de 9 de abril de 2003, considerando vigésimo tercero. Vid. santamaría (1991), pp. 654-656, y parejo (2003), p. 283. Vid. corDero (2009), pp. ......
-
Notas sobre los Planes y la actividad administrativa de planificación: el caso del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
...para establecer los deslindes 32 Ibíd., p. 253. 33 CORDERO, Luis. Lecciones de Derecho Administrativo, p. 151. 34 Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N°370. 35 Ibíd., Rol N°254. / 196 REVISTA JUSTICIA AMBIENTAL al contenido del derecho, los cuales se expresan en formalidades, obligacione......