Sentencia nº Rol 5710-18 de Tribunal Constitucional, 27 de Agosto de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 810324881

Sentencia nº Rol 5710-18 de Tribunal Constitucional, 27 de Agosto de 2019

Fecha de Resolución:27 de Agosto de 2019
Emisor:Tribunal Constitucional
 
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S., veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Con fecha 28 de noviembre de 2018, la Ilustre Municipalidad de San Miguel ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1°, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo, en los autos caratulados “Contreras con Ilustre Municipalidad de San Miguel”, que conoce la Corte Suprema, por recurso de unificación de jurisprudencia, bajo el Rol N° 29.263-2018.

Preceptos legales cuya aplicación se impugna

El texto de los preceptos impugnados dispone:

Código del Trabajo

Artículo 1°.- Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código.

(…)

Artículo 485.- El procedimiento contenido en este P. se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.

También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° de este Código, con excepción de los contemplados en su inciso sexto.

Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este P., que se refiera a los mismos hechos.

Síntesis de la gestión pendiente

El requirente acciona en el contexto de un procedimiento de tutela laboral, iniciado por D.C.N., quien desempeñaba labores de Administrador Público de Dirección de Obras en la Municipalidad de San Miguel en calidad de funcionario de planta en tal institución.

Añade que dicho trabajador fue desvinculado de sus funciones, en un acto que el denunciante calificó como un acto discriminatorio.

La sentencia definitiva pronunciada en la gestión sub lite acogió la denuncia el 3 de agosto de 2018. Presentado recurso de nulidad, éste fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, encontrándose pendiente de resolución recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del tribunal

El requirente sostiene que la aplicación de las normas cuestionadas posibilita infracciones al principio de juridicidad, en la medida que permiten suponer una competencia para los tribunales laborales que no les ha sido otorgada expresamente.

Así, refiere que las normas impugnadas se aplican sólo y exclusivamente a los trabajadores cuyos servicios se prestan en virtud de un contrato de trabajo, no extendiéndose al personal de la Administración del Estado, sometida a la normativa de la Ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo.

Refiere que no ha existido una contratación propiamente tal, por lo que la interpretación extensiva que se ha hecho de las normas cuestionadas ha contrariado los artículos y de la Constitución Política en la medida que ha facultado a los Juzgados de Letras del Trabajo para actuar fuera del marco de sus competencias.

Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala de esta M. con fecha 5 de diciembre de 2019, a fojas 28. A su turno, en resolución de fecha 26 de diciembre de 2019, a fojas 119, se declaró admisible.

Conforme consta en autos, conferido traslado a las demás partes interesadas y a los órganos constitucionalmente interesados, D.C.N. evacuó traslado, según consta a fojas 126, solicitando el rechazo íntegro del requerimiento de autos, arguyendo que el asunto planteado como conflicto de constitucionalidad corresponde a un asunto de mera legalidad, de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia, existiendo variada jurisprudencia de la Corte Suprema para avalar tal consideración.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 20 de junio de 2019 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública, adoptándose acuerdo en igual fecha, según certificó el relator de la causa.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Municipalidad de San Miguel, viene siendo demandada en sede laboral al pago de $78.234.098 a título de indemnizaciones, en favor de un ex funcionario de planta, a quien se le habrían infringido sus derechos fundamentales por conductas de acoso laboral y por habérsele puesto fin a sus servicios. La acción fue acogida, en razón de los “artículos , , 446 y siguientes 485 y especialmente el artículo 489 y el artículo 495 del Código del Trabajo”.

Interesa tener presente que el estado actual de la gestión pendiente, consiste en un recurso de unificación de jurisprudencia;

CONSIDERACIONES

SEGUNDO

Que, la especie, no envuelve una cuestión de simple interpretación de la ley. No es discutido que a partir del año 2013 la Corte Suprema ha interpretado que la aplicación supletoria del Código del Trabajo a los funcionarios públicos, a que alude el artículo 1°, inciso tercero, permite a éstos accionar ante los juzgados del fuero laboral para el resguardo de sus derechos fundamentales, al no existir -dice esa Corte- un recurso jurisdiccional análogo en los estatutos administrativos en vigor.

Esto admitido, sin embargo, produce una aplicación inconstitucional del citado artículo 1°, inciso tercero, toda vez que de una norma de ley común como este, no puede derivarse una nueva competencia para los tribunales integrantes del Poder Judicial, comoquiera que a este propósito la Constitución exige una expresa ley orgánica constitucional, en su artículo 77.

Es más, dado que la tutela laboral contemplada en el Código del Trabajo es conducente a la adjudicación de cuantiosas indemnizaciones en favor del sedicente trabajador afectado, según el artículo 495 del mismo y tal como se ha dado en el presente caso, ello resulta inconstitucional, habida cuenta que esta normativa laboral no ha tenido -a estos específicos efectos- su origen en una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, tal como lo exige el artículo 65, inciso cuarto, N° 4, de la Carta Fundamental, cuando se trata de establecer nuevos “beneficios al personal de la Administración Pública”;

TERCERO

Que, asimismo, los artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo, en cuanto aplican la acción de tutela laboral a los funcionarios públicos, tienden a desvirtuar prácticamente el estatuto constitucional y legal que, por imperativo del artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental, rige in integrum a dichos servidores estatales.

En este concreto caso: revisar actos relativos a un ex funcionario, conforme a unos criterios laborales propios del sector privado, por unos tribunales especiales sólo en este último ámbito, implica desconocer el concepto de juez natural y la regulación integral de la carrera funcionaria que el susodicho artículo 38, inciso primero, constitucional, reenvía a la Ley orgánica constitucional N° 18.575.

A lo que corresponde agregar que dicha normativa contempla mecanismos precisos de protección para los derechos funcionarios. Los artículos 160 de la Ley N° 18.834, estatuto administrativo general, y 156 de la Ley N° 18.883, estatuto administrativo municipal, franquean la posibilidad de reclamo ante la Contraloría General de la República, la que -últimamente- por Resolución N° 168, de 16 de enero de 2019, ha creado a este específico fin la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios;

CUARTO

Que, lo anterior, es sin desmedro de las acciones constitucionales de protección y de nulidad de derecho público, que contemplan los artículos 20 y 38, inciso segundo, de la Constitución, y que pueden ser incoados por ese personal de la Administración del Estado ante los tribunales ordinarios del Poder Judicial.

Es así que el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución, ha previsto que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley”.

Sobre la base de los...

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